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El Ministerio de Justicia, cuyo titular es Édgar Olmedo, precandidato a diputado por Caaguazú, sigue sin responder el pedido de datos realizado por nuestro diario vía Acceso a la Información Pública (AIP) relacionado a Petropar, dirigido por Denis Lichi (precandidato a Gobernador de Cordillera).
ABC preguntó a la citada cartera si es legal o ilegal que Petropar incluya una cláusula de confidencialidad en sus contratos firmados con operadores de estaciones de servicio del emblema estatal. Es que esta empresa pública se ha negado reiteradamente a informar los estados de cuentas de esos operadores, su lista de clientes morosos -muchos de ellos políticos-, así como a proveer los documentos que muestren el plazo en que se le paga por los combustibles vendidos a crédito (supuestamente a 30 días, pero de forma extraoficial señalan que es “según la cara del cliente”).
El primer pedido de AIP lo hicimos a través del Expediente N° 9.000/22, cuya respuesta fue incompleta. Se le pidió una descripción y explicación del por qué hay una información ”reservada y confidencial” en los contratos de Petropar. El Ministerio de Justicia se limitó a responder que la difusión de esos datos representa “un riesgo real, demostrable e identificable”. Esto, sin fundamentar cuál es el inminente “peligro” al que aluden para no dar a conocer los nombres de deudores de la empresa pública y de los morosos, así como cuánto deben al emblema estatal.
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En esa primera respuesta incompleta, la cartera tampoco analizó si es legal o ilegal que una compañía pública incluya la cláusula de confidencialidad en sus contratos.
Fue así que ABC presentó una nueva solicitud vía AIP, en este caso a través del Expediente N° 1156/22, cuyo plazo de respuesta feneció la semana pasada pero hasta hoy no existe repuesta por parte del ministerio. La Dirección de Acceso a Información Pública en dicha institución está a cargo de Mario Ovelar.
Secreto beneficia a políticos y ahora a camioneros, en tiempo electoral
Cabe señalar que Petropar vende sus productos a sus operadores de gasolineras a crédito de 30 días; según fuentes, lo aplica según “la cara del cliente”, y los políticos y amigos del gobierno serían los más favorecidos. Entre los dueños de estaciones de servicio con emblema Petropar se encuentran, directa e indirectamente, los diputados Pedro Alliana, Basilio “Bachi” Núñez, Erico Galeano y Jazmín Narváez, entre otros. Todos los operadores fueron beneficiados con el subsidio al combustible que duró menos de un mes hasta que fue dejado sin efecto, pero que tendrá un costo para las arcas del Estado de US$ 11 millones. Por este motivo se refuerza el interés de la ciudadanía sobre conocer las condiciones de venta de los productos de la empresa pública.
Además, ahora el Gobierno se encuentra negociando con camioneros para expenderles combustible más barato, en donde Petropar les haría un descuento de G. 400 por litro y adicionalmente, las estaciones de servicio podrían reducirles otros G. 300 por litro. Para que se concrete este precio preferencial al sector solo falta que el emblema estatal dialogue con sus operadores.
Mientras tanto persiste la amenaza de un paro del sector. Además del precio preferencial del combustible exigen aumento del precio de fletes de cargas y la liberación de sus colegas presos por supuestamente extorsionar al Estado.
