Tres empresas que forman parte de la Cámara de Operadores Móviles de Paraguay recibieron la misma notificación desde la Municipalidad de Caaguazú, en una nota que dice textualmente:

“El intendente municipal del distrito de Caaguazú por este medio comunica que por la falta de documentación que autoriza suficientemente a la construcción de las torres de su propiedad y por el desacato de las normativas municipales vigentes sobre la materia particular en mención, su empresa deberá proceder a la desinstalación inmediata de todas las torres de antena en el plazo de 8 días”. El escrito no menciona qué ordenanza o normativa está supuestamente incumplida.

Al respecto, el director titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ignacio Viveros, dijo que la institución está “muy preocupada” por la nota que envió el intendente de Caaguazú, Severo José Ríos Núñez (PLRA), a las empresas Claro, Tigo y Personal, “porque las estructuras metálicas, que llaman torres, forman parte del conjunto de equipos que hacen que esa torre se convierta en plataforma de transmisiones radioeléctricas, para radio, televisión y en este caso, internet móvil y telefonía móvil”.

En tal sentido, explicó que Conatel ha otorgado licencia a las citadas operadoras y todas ellas cuentan con esos permisos vigentes y se encuentran al día con el ente, el único que tiene potestad de regular, planificar y expandir los servicios de telecomunicaciones.

“Nos preocupa porque las operadoras se verían imposibilitadas de cumplir con sus obligaciones que tienen como licenciatarias de la señal de telefonía celular e internet móvil. Ellas están obligadas a mantener el servicio en calidad y seguridad”, señaló.

Servicios de telefónicas serán afectados

En consecuencia, el directorio del ente regulador envió una nota a la Comuna de Caaguazú, advirtiendo que la decisión “acarrearía grandes problemas dentro del ejido municipal de la ciudad”, al afectar los servicios de seguridad, educación, salud, industria, comercio y todos los sectores que dependen de las plataformas de telecomunicaciones.

La Cámara de Operadores Móviles de Paraguay también se expidió sobre el tema y sostuvo que la decisión de la Comuna es arbitraria, ya que las empresas están al día con sus impuestos, pero temen que la municipalidad esté queriendo cobrar algo adicional que no corresponde a la norma vigente.

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Hablan de cobros adicionales que no corresponden

“Me animaría a decir que quieren recibir dinero que no les corresponde”, dijo Arsenio Ocampos, vocero del gremio.

“Quiere ganar dinero o protagonismo político”, manifestó.

Empresas no quieren pagar, dice intendente

Caaguazú (Víctor Daniel Barrera, corresponsal). El intendente de esta ciudad, José Ríos (PLRA), dijo a esta corresponsalía que las tres empresas telefónicas, Tigo, Claro y Personal, instalaron unas 12 antenas irregulares que no fueron habilitadas por el municipio local y que se niegan a pagar las multas establecidas por ordenanza municipal, según su versión.

Explicó que anteriormente existía la ordenanza municipal 95/2015 que prohibía la instalación de antenas telefónicas dentro ejido urbano de esta ciudad, pero que este año fue derogada para permitir a través de una nueva ordenanza la instalación de las estructuras, bajo ciertas exigencias.

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Ante la situación, la Comuna solicitó un informe sobre la cantidad de antenas a cada telefonía y la respuesta de las empresas “no fue del todo sincera”, según Ríos. Eso, ya que al realizar una verificación in situ se constató que en entre todas las empresas había unas 12 antenas que fueron instaladas sin los permisos correspondientes, agregó el jefe comunal.

Continuó diciendo que la municipalidad solicitó a las empresas que pongan en regla todas las torres y que tributen por la construcción en el municipio, sin embargo, ellas nunca se acercaron para tributar, según su versión.

Indicó que, ante esta situación, decidieron notificar a las empresas en base al artículo 20 de la ordenanza derogada N° 95/2015, que establece una multa de unos 100 jornales mínimos o el desmontaje de las antenas en un plazo no mayor a 60 días.

Aclaró que la notificación fue hecha en base a una ordenanza derogada debido a que las leyes u ordenanzas no pueden ser retroactivas.