La intención del jefe comunal fue comunicada hace un tiempo y pone un plazo hasta el este viernes 24 de junio para que las operadoras desactiven sus equipos dentro de la ciudad de Caaguazú, en el departamento homónimo.

En contacto con ABC AM 730, Arsenio Ocampos, asesor corporativos de Relaciones Exteriores de la empresa Personal, se refirió al tema y dijo que “nunca nadie, se animó a tanto”, y que es una decisión arbitraria.

Como vocero de varias firmas operadoras de telefonía e internet Ocampos mencionó que el viernes entregaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una nota sobre esta situación. Aclaró que son operadoras licenciatarias.

De acuerdo a Ocampos, autoridades de la Conatel les dijeron que el ente enviaría una nota al intendente Severo José Ríos Núñez, para que revea su postura, pues al menos 100 mil personas de esta parte el país, perderían conectividad de internet y telefonía de la noche a la mañana.

El asesor alerta además que muchos trabajadores que habitualmente se manejan con la conectividad quedarán incomunicados. A esto se le suma a la educación con el internet, la salud con su sistema operativo, la policía y las transacciones electrónicas que se hacen con conectividad.

Los afectados apelaron la intimación y recurrieron a un Tribunal de Cuentas, pero no hubo respuesta favorable. Defendió la gestión de su empresa, porque se invierte en estructura, en la radio base y la antena. Además se presentaron planos, y planillas para el cobro del impuesto.

Viernes a las cero horas, se desactivarían las conexiones

Sin la certeza de lo que podría ocurrir, Ocampos lamentó que este viernes, se haría la desconexión por lo que toda la ciudad de Caaguazú quedará sin poder hacer llamadas o conectarse al internet.

“La misma notificación recibieron las 3 empresas que trabajan en la zona”, sostuvo.

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Sospechas de las razones, según Ocampos

“Me animaría a decir que quieren recibir dinero que no les corresponde”, deslizó el vocero.

Comentó que antes no otorgaban las habilitaciones porque había una ordenanza. “Parece que revieron queriendo cobrar una compensación social por las ondas que se transmiten”, alegó.

“Quiere ganar dinero o protagonismo político”, manifestó.

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Intendente Ríos desmiente categóricamente

El cuestionado jefe comunal, Severo “Papu” Ríos dijo a ABC AM 730 que no tiene ninguna intención de dejar sin cobertura a la localidad, y desmintió la posibilidad. Por lo menos lo aclaró, para los casos de aquellas antenas que estén instaladas de manera regular.

“La intención es que empresas que proveen telefonía e internet trabajen de manera regular y abonen lo que corresponde”, sostuvo.

Afirmó que conversó con autoridades de Conatel, y le dijeron que están de acuerdo que firmas como Tigo, Personal y Claro, regularicen sus antenas, y que aquellos que tengan sus permisos seguirán sin problema.

Negó que la comuna quiera cobrar un impuesto por las ondas que transmiten. Se quejó que quedaron con algunas empresas en conversar, pero que nunca se presentaron. El objetivo es trabajar en conjunto, afirmó.

Citó algunos requisitos

Mencionó que existen antenas ubicadas desde hace seis años aproximadamente y que cambió una ordenanza para la instalación de antenas en zonas urbanas.

La municipalidad exige el pago de un impuesto a la construcción, y dijo que hay instalaciones clandestinas que ni siquiera presentaron las documentaciones.

También falta que el municipio apruebe planos y que tributen, finalizó.

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Empresas no quieren pagar, según intendente

Caaguazú (Víctor Daniel Barrera, corresponsal). El intendente de esta ciudad, José Ríos (PLRA), conversó al término de la tarde de hoy con a esta corresponsalía y dijo que las tres empresas telefónicas, Tigo, Claro y Personal, instalaron unas 12 antenas irregulares que no fueron habilitadas por el municipio local y que se niegan a pagar las multas establecidas por ordenanza municipal, según su versión.

Explicó que anteriormente existía la ordenanza municipal 95/2015 que prohibía la instalación de antenas telefónicas dentro ejido urbano de esta ciudad, pero que este año fue derogada para permitir a través de una nueva ordenanza la instalación de las estructuras, bajo ciertas exigencias.

Ante la situación, la Comuna solicitó un informe sobre la cantidad de antenas a cada telefonía y la respuesta de las empresas “no fue del todo sincera”, según Ríos. Ya que al realizar una verificación in situ se constató que en entre todas las empresas había como unas 12 antenas que fueron instaladas sin los permisos correspondientes.

Continuó diciendo que la municipalidad solicitó a las empresas que pongan en regla todas las torres y que tributen por la construcción en el municipio, sin embargo, ellas nunca se acercaron para tributar, según su versión. Indicó que, ante esta situación, decidieron notificar a las empresas en base al artículo 20 de la ordenanza derogada N° 95/2015, que establece una multa de unos 100 jornales mínimos o el desmontaje de las antenas en un plazo no mayor a 60 días.

Aclaró que la notificación fue hecha en base a una ordenanza derogada debido a que las leyes u ordenanzas no pueden ser retroactivas.