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El libro de primaria “Semillita” y el de masonería “Manual del Maestro Secreto” son algunos de los numerosos textos que se imprimieron en mayo pasado desde distintas dependencias del Poder Judicial, según un informe sobre el registro de impresiones presentado por el ministro de la sala civil y comercial Alberto Martínez Simón en la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia de hoy.
“Nosotros tenemos un servicio de impresiones funcionando desde ya hace algunos años y estuvimos haciendo una revisión de varios meses y nos encontramos con muchísimas sorpresas con respecto a impresiones que hacen de forma absolutamente indebida en los juzgados. Nosotros pagamos por cada una de estas impresiones, está corriendo un contrato. Hay casos que son muy reveladores”, señaló el ministro.
De acuerdo con el trabajo realizado, algunos funcionarios aprovecharon para imprimir sus tesis y hasta libros jurídicos completos.
“Semillita” se imprimió tres veces
Martínez Simón exhibió en la sesión parte del relevamiento de datos realizados y que corresponde al pasado mes de mayo. En dicho documento se puede observar por ejemplo, que desde el juzgado en lo civil y comercial N° 19, a cargo de la magistrada Claudia Domínguez, secretaría 38, se imprimió tres veces el libro Semillita, de 196 hojas cada uno.
Tras destacar que las reglamentaciones internas del Poder Judicial prohíben y sancionan la utilización de los recursos del Estado con fines particulares, Martínez Simón resaltó que todos los funcionarios que realizaron dichas impresiones están individualizados por sus respectivos usuarios. En ese sentido, recordó que las contraseñas no deben ser compartidas y que si eso ocurre, eso no exime de responsabilidad al funcionario que las cedió a otro indebidamente.
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La resolución 96/2008 el artículo 9° se habla de las contraseñas de usuarios que son individuales e instransferibles y las contraseñas no pueden ser compartidas ni reveladas a persona alguna, siendo el titular el responsable de su uso por parte de terceros. El famoso “todo el mundo sabía mi contraseña, yo no imprimí”. Igual es responsables la persona que prestó su contraseña.
“Esto es grave porque la lista realmente es impresionante, tomamos algunos puntos pero acá tengo todo acá el despliegue , la lista con los usuarios que omito, por una cuestión de presunción de inocencia, creo que amerita que en primer lugar que Auditoría revele el uso de esas computadoras y la apertura de un sumario administrativo de este mes y de los meses previos, para saber en qué estamos gastando una enorme cantidad de hojas impresas que venimos a pagar y había sido que son publicaciones que hacen a folletería de la facultad, libros de derecho o incluso libros de masonería, o de personas que se dedican a su hobby y cuestiones que no tienen ninguna vinculación con el trabajo”, indicó.
Libro de masonería, entre impresiones indebidas
Asimismo, en el documento expuesto durante la sesión de la Corte, se puede observar que desde el Juzgado penal de Sentencia N° 26, a cargo del juez Elio Ovelar, se imprimió el libro de masonería “Manual del Maestro Secreto”, de Aldo Lavagnini. El ministro de la sala civil y comercial advirtió la sistemática impresión de textos referentes a distintas materias de la carrera de Derecho, incluso los referentes a la materia que él enseña en la facultad de Derecho, Obligaciones 1.
La petición de Martínez Simón contó con la aprobación de todos los ministros presentes, entre ellos Eugenio Jiménez Rolón, quien pidió la palabra para expresar que apoya al 100% la moción de su colega y pedir que el sumario se inicie lo antes posible.
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Intervención de la fiscalía penal
A su vez, el ministro César Garay Zuccolillo manifestó que a su criterio, la cuestión planteada amerita la remisión de las evidencias al Ministerio Público, a fin de que se pueda dar intervención a la fiscalía penal de turno, en atención a la afectación de los bienes públicos.
“Es inaudito en la actividad forense, en la que ya llevo suficientes años de practicante, no solamente suscribo in totum todo lo que acaba de decir el ministro Martínez Simón y agregó que eso debe remitirse a la fiscalía del área penal. Acá hay más que una falta administrativa”, expresó Garay.
“Acá hay uso de tinta, papel, energía eléctrica, que paga el pueblo, de máquina, antes se llamaba usurpación de funciones, pero esto es mucho más grave que un sumario que se sabe cuándo comienza pero no cuando finaliza”, agregó el ministro Garay