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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Antonio Fretes, y los vicepresidentes Alberto Martínez Simón (1°) y Manuel Ramírez Candia (2°) ordenaron la apertura de una investigación preliminar a la funcionaria Porfiria Melgarejo de Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial y presidenta de la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados, quien participó y fue una de las oradoras en un acto político encabezado por Hugo Velázquez, precandidato a la presidencia de la República por el oficialismo.
La apertura de la investigación preliminar fue ordenada por el Consejo de Superintendencia del máximo tribunal por Resolución N° 64 del 20 de abril de 2022, pero se dio a conocer recién ayer luego de la publicación del caso en el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV los domingos de 19:00 a 20:00.
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La orden para investigar la actuación de Ocholasky se dio tras el pedido presentado por el Colegio de Abogados del Paraguay, el 7 de abril, y los informes remitidos a la máxima instancia judicial por parte de la directora de Personal del Poder Judicial, Rosa Szarán, y el director general de Recursos Humanos, Yamil Admen.
El ministro Martínez Simón explicó a este diario que, en caso de constatar durante la investigación preliminar que la funcionaria cometió alguna irregularidad, se dará apertura a un sumario administrativo y luego, si corresponde, se impondrán sanciones.
Ley prohíbe que funcionarios judiciales participen en actos políticos
El Código de Organización Judicial (Ley 879/81), en su artículo 238 que habla “De las prohibiciones relativas a los jueces y funcionarios”, establece en el inciso D que “se prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía, ejercer otra función pública, profesión, comercio o industria, directa o indirectamente, salvo la docencia, cuyo ejercicio será reglado por la Corte Suprema, ni participar en las actividades políticas”.
Esta es la normativa que habría violado la funcionaria Porfiria Melgarejo de Ocholasky y que ocasionó, en primer lugar, el pedido de sumario por parte del Colegio de Abogados del Paraguay y, en segundo término, la apertura de una investigación preliminar por parte del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
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Al respecto, el ministro Alberto Martínez Simón aseguró a este diario que, en caso de confirmarse la denuncia, la máxima instancia judicial no apañará a la sindicalista y se impondrán las sanciones que correspondan al caso.
Colegio de Abogados pide que Ocholasky sea sancionada
El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, aseguró que la sindicalista Porfiria Ocholasky “es una protegida de la Corte Suprema de Justicia”, ya que a pesar de ser la cabeza visible de todo el movimiento sindical que llevó adelante las huelgas y otras medidas de fuerzas en los últimos 10 años, muchas de ellas declaradas ilegales, no ha sido siquiera sumariada por parte del máximo tribunal.
“Porfiria nunca fue sancionada ni siquiera sumariada por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ella duerme tranquila porque sabe que todas las irregularidades que comete, dentro o fuera del horario de trabajo, participando de campañas políticas, no tendrán ningún efecto en su contra y eso es porque está protegida”, resaltó Riera.
El titular del gremio de abogados recordó que la Ley 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia establece en el artículo 4° que el máximo tribunal “tiene el deber y la obligación de atender todas las cuestiones disciplinarias de los auxiliares de Justicia”.
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Al respecto agregó que Porfiria Ocholasky, como funcionaria del Poder Judicial, debe ser sumariada por parte de la máxima instancia judicial. “La Corte no solo tiene la potestad de sancionar a la sindicalista, incluso la puede echar si es que quiere porque causales sobran”, finalizó el letrado.