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El pasado 11 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó las “modificaciones consensuadas” entre la Cancillería y los gremios de funcionarios el proyecto de ley del servicio diplomático, consular, administrativo y profesional (busca derogar la actual Ley Nº 1335/99).
La normativa (tenía media sanción del Senado) blanquea el ingreso de los no escalafonados y políticos al servicio consular.
La iniciativa pasó al Senado, que decidió el jueves pasado en sesión ordinaria, estudiar el documento esta semana.
La moción estuvo a cargo de la senadora colorada oficialista Lilian Samaniego, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y principal impulsora de la iniciativa.
El marido de la legisladora, Jorge Coscia, es cónsul general en Foz de Iguazú.
De acuerdo a la tendencia, el Senado aceptará las modificaciones del proyecto de ley con lo cual se remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación. En caso contrario, la Cámara Alta necesita mayoría absoluta (23 votos) para ratificarse en su decisión original con lo cual el documento volverá a Diputados.
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Polémica iniciativa
En el artículo 56 de la normativa aprobada con modificaciones en Diputados plantean que el servicio consular ya no será de exclusividad para los funcionarios de carrera y establecen que los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular ejercerán la función consular cuando sean destinados expresamente a oficinas consulares, o cuando el Jefe de la Misión Diplomática en que prestan servicios, o el Ministerio en su caso, les encargue dicho cometido (...).
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) si bien votó a favor de las modificaciones lamentó el retroceso en la ley diplomática porque antes se premiaba la meritocracia.
El proyecto viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que define que los funcionarios consulares son de dos clases: consulares de carrera y funcionarios consulares honorarios.
Las modificaciones al documento, tras extensas negociaciones, lograron el consenso de los gremios de la Cancillería nacional. Así, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley y lo remitió nuevamente al Senado.