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Numerosas irregularidades existen dentro de la carpeta fiscal de la investigación del supuesto caso de abuso sexual que se dio en un colegio de Lambaré, según señaló el abogado defensor Álvaro Arias, quien además de representar a la institución representa a la directora Carolina Urbieta.
Conforme expresó existen varias dudas en el procedimiento de la Fiscalía, entre ellos la prisión preventiva que fue impuesta a las docentes procesadas. Estas fueron imputadas por los hechos punibles de violación del deber de cuidado, frustración de la persecución y ejecución penal y la violación de la “ley de prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual”, hechos que por expectativa de pena carcelaria no se dispone prisión preventiva, según indicó.
Igualmente, reiteró que en el reporte fiscal aún no obran los informes médicos de la supuesta víctima y tampoco los resultados de la cámara Gesell, prueba a la que será sometido el menor recién el próximo 27 de mayo.
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Dijo también que están a la espera de respuestas del juzgado de la niñez sobre las identidades de los presuntos agresores para tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias, para preservar la integridad y seguridad de los alumnos. “La fiscala manifestó que tiene plenamente identificados a los menores agresores, y queremos tener ese acceso para protegerlos a ellos y también a los demás”, expresó.
No hubo violación, sí abuso
En otro punto, Arias manifestó que, de acuerdo al informe presentado por la pediatra que atendió a la supuesta víctima, no hubo violación pero sí abuso. Según explicó, la doctora halló rastros de “manoseo” en el menor pero no de penetración anal.
“No hay un diagnóstico médico, tampoco fue sometido a la cámara Gesell. Nosotros no podemos sostener con certeza que sucedió lo que dicen que puedo haber sucedido (...) Al inicio se hablaba de que había juguetes enterrados y cosas extrañas (sic)”, comentó.
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Tres docentes imputadas
Carolina Urbieta, Olga Feltes y María Gabriela Santiviago, directora, docente y coordinadora del colegio privado de Lambaré en el que según denuncias un menor de 6 años fue víctima de abuso sexual, fueron imputadas violación del deber de cuidado, frustración de la persecución y ejecución penal y por no activar los protocolos de prevención contra abusos dispuestos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
En principio se dictó la prisión preventivo de estas pero el pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones de Central revocó la disposición y otorgó a las procesadas arresto domiciliario.
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