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El proyecto de ley aprobado el mecanismo de control de contenedores de carga, que deberá hacerse en zonas primarias de los puertos mediante equipos de escaneo a cargo de la Dirección de Aduanas, tendrá un costo de dos jornales mínimos (G. 176.102) por contenedor lleno o de un jornal (G. 88.051) por los vacíos. Los controles deberán ser efectivos en todos los puertos del país dentro de un año.
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A pedido del senador Lucas Aquino (PLRA), se incluyó en el segundo artículo que la cargas a ser escaneadas lleguen ya con el “despacho de exportación completamente finiquitado”, lo que permitirá dar con los que se hagan responsables de la carga y no solo con el eslabón más débil que suelen ser los transportistas.
En otra parte de la disposición, también establece la posibilidad de sanciones a funcionarios que obstaculicen o saboteen el procedimiento de control. Puntualmente se indica que aquellos funcionarios que permitan la “obstaculización o el incumplimiento injustificado de la Ley” o la “omisión de realizar las denuncias” ante el Ministerio Público, serán sancionados en base a lo dispuesto en el Código Aduanero y en el Código Penal.
El senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA) se opuso a que los puertos privados sean castigados con el cierre temporal, considerando que le parecía una sanción desproporcionada y sobre todo teniendo en cuenta que no se establecía inicialmente la misma condición para los públicos. El senador Sergio Godoy (ANR, cartista) planteó la progresividad de las sanciones.
Finalmente, el senador Jorge Querey propuso remitir la posibilidad de sanciones se apliquen por igual a puertos públicos como privados, de acuerdo a lo estipulado en el Código Aduanero y comunicar al Ministerio Público para que estas instituciones investiguen y establezcan las sanciones ya vigentes. Finalmente esta propuesta fue la que se admitió.