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De los 12 ediles que conforma la Junta Municipal, 11 votaron por el rechazo y solo uno votó a favor de la aprobación, el concejal Diego González, quien a la vez es justamente hermano del cuestionado exintendente Eladio González Torres.
Los concejales de la Comisión de Hacienda compuesta por Rosana Bogado (PLRA), Pedro Vargas (ANR), Hugo Ovelar (ANR) y Juan Torres (ANR) hicieron una investigación minuciosa de la administración del dinero público realizado por Eladio González Torres, y constataron que el año pasado el intendente gastó unos G. 877.348.800 en la adquisición de kits de alimentos de la empresa Ingenios de Alimentos Campo Verde, de Rodolfo Méndez González. La primera compra se realizó para una alimentación de 20 días que fue entregado a 1.766 escolares de distintas instituciones educativas de la ciudad. El monto pagado por cada kit de alimentos fue de G. 276.000, sin embargo, los ediles constataron que el precio de mercado minorista es de tan solo G. 159.000, habiendo una diferencia de G. 117.000 por cada kit de alimentos.
Posteriormente se realizó otra adquisición de kits de alimentos para 16 días que fue entregado a la misma cantidad de niños. Por cada bolsa de alimentos se pagó la suma de G. 220.800, pero los concejales encontraron que el costo minorista del mercado es de tan solo G. 126.000, lo que equivale a 94.800 más barato de lo que compró la municipalidad local. Solo en kit de alimentos hubo una aparente sobrefacturación de G. 374.038.000.
De la misma forma, en cada expedición de registro de conducir, el municipio cobraba un canon de G. 10.000 que debían ser trasferidos a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). El año pasado el municipio no transfirió el canon correspondiente y actualmente debe pagar una cuota de G. 8.000.000 mensuales por un periodo de 24 meses para saldar la deuda de G. 192.000.000 que se tiene con la Opaci.
De la misma forma, se detectó que se cargaron unos 40.000 litros de combustible para máquinas que estaban descompuestas, pero que en los papeles figuran que trabajaron durante meses en plena pandemia del covid-19. En total se gastó cerca de G. 190.000.000 cuya inversión no se refleja en la realidad. A la vez, muchas obras no cuentan con documentos respaldatorios suficientes y algunos gastos millonarios no están debidamente justificados.
También se presentó otro dictamen que fue mucho más superficial y que solo cuestionaba la falta de algunas documentaciones que pueden ser paliados sin mucha dificultad. Por último, se presentó un tercer dictamen que era por la aprobación, pero no contaba con ningún sustento lógico y físico, y fue rechazado por la mayoría de los ediles.
Los ediles Rosana Bogado (PLRA), Pedro Vargas (ANR), Hugo Ovelar (ANR) y Juan Torres (ANR) solicitaron que ambos dictámenes por el rechazo sean fusionados y que se remita una resolución a la intendencia a cargo de Marcos Benítez (ANR HC), pero en la sesión se percataron de que el presidente de la Junta, Denis Cohene (ANR oficialista), y otros ediles intentaron aparentemente alterar el acta de la sesión del rechazo y no hicieron registrar la fusión de ambos dictámenes.
Supuesto salvataje
El presidente de la Junta Municipal, Denis Cohene (ANR oficialista), comentó que no se incluyó el dictamen de Rosana Bogado y su equipo, porque no se presentó en forma escrita a cada edil municipal. Argumentó que la resolución del rechazo cuenta con un documento de auditoría hecha por una empresa privada que fue contratada por el propio municipio para estudiar la ejecución presupuestaria del año pasado. Comentó que después del largo debate, se realizaron las modificaciones correspondientes y garantizó que se harán los procesos correspondientes para investigar la ejecución presupuestaria del 2021.
El concejal Pedro Vargas (ANR HC) comentó que la acción que realizaron los ediles fue bastante sospechosa y da para pensar un intento de “salvataje al exintendente Eladio González Torres. Indicó que todo lo que sucede en una sesión debe ser registrado en acta y llama poderosamente la atención el argumento expuesto por algunos ediles y la presidencia del ente legislativo. Añadió que con la modificación del acta, también se debe expedir otra resolución por la cual modifica y aclara la Resolución.
ABC intentó comunicarse con el exintendente Eladio González Torres, pero su teléfono número 400 no salió fuera de tono o el número bloqueado para esta corresponsalía. En caso en que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.