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La Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión de Gremios de Producción (UGP) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) emitieron un comunicado conjunto en el cual expresaron su repudio a la intención de políticos eliminar la penalización del ocultamiento en las declaraciones juradas (DDJJ) de bienes patrimoniales.
“La despenalización de las Declaraciones Juradas permitirá circunvalar el deber constitucional de los funcionarios públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas, establecido en el artículo 104)”, advirtieron. Agregaron que presentar este documento es una obligación establecida en la máxima norma del país, el mismo que establece la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos. “Lo público es público”, recalcaron.
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Agregaron que la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y el Servicio Nacional de Catastro (SNC), así como todas las instituciones del Estado “deben cooperar estrechamente para comprobar y validar las declaraciones juradas de manera a verificar que sean reales y legítimas”. Calificaron que de no hacerlo, “son cómplices o encubridores”.
La “pelota” está en cancha de Mario Abdo
Los empresarios resaltaron que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene en sus manos la herramienta para objetar este proyecto de ley, lo cual permitirá fortalecer la institucionalidad del país.
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Recordaron que el Ejecutivo había hecho una promesa de lucha contra la corrupción y es la oportunidad de aplicar su compromiso de ser demostrar que lo combatirá “caiga quien caiga”.