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El escrito de recusación presentado por el procesado Hugo Martín Ríos, sindicado como el socio del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz, evidencia que la chicana ya estaba preparada y solo se esperaba que la jueza Alicia Pedrozo notifique lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General para recusar a Sandra Quiñónez y otros 43 agentes fiscales, buscando dilatar la presentación de la acusación u otro requerimiento conclusivo en la causa “Berilo”.
La recusación presentada bajo patrocinio del abogado Napoleón Acosta argumenta que “los fiscales recusados responden a una sola línea de la confraternidad entre ellos y no aplican la ley como corresponde”.
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Agrega en ese sentido que la fiscala titular de la causa, Lorena Ledesma, quien fue recusada con anterioridad, imputó a Hugo Martín Ríos por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero “violando la presunción de inocencia y las garantías” del procesado, según señala la defensa en el escrito.
Alega además que la fiscal cometió un “grosero error” al presentar la acusación sin las pruebas y la jueza Alicia Pedrozo intentó subsanar la irregularidad otorgándole un plazo extraordinario “sine die” para acercar al Juzgado de Garantías las evidencias.
Sin embargo, la defensa recuerda que la Cámara de Apelaciones anuló el plazo dictado por la jueza Pedrozo para la presentación de las pruebas y que la Sala Constitucional de la Corte ratificó el fallo del tribunal de alzada al rechazar la acción que planteó el fiscal adjunto antidrogas Marco Alcaraz.
El fiscal asesinado Marcelo Pecci, entre los recusados
El dato que demuestra que la “recusación en masa” ya estaba lista es que uno de los recusados es el fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, asesinado en la mañana del martes en una playa privada de Cartagena, Colombia. El escrito de recusación fue presentado a últimas horas de la tarde de ese día.
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En la larga lista de agentes recusados también figura la abogada Josefina Aghemo, quien ya no forma parte del Ministerio Público desde setiembre del 2020.
Ríos pide que los agentes recusados se aparten “por desconocimiento supina de la ley y por actuar en forma corporativa para violentar garantías constitucionales”.
Recusación, en manos de la Corte Suprema
La recusación de la fiscala general Sandra Quiñónez queda a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Luego la titular del Ministerio Público tendrá que resolver la recusación de los fiscales adjuntos.
Posteriormente uno de estos tendrá que presentar acusación u otro requerimiento conclusivo respecto a los procesados en la causa Berilo, entre ellos Reinaldo Cucho Cabaña Santacruz y el diputado colorado Ulises Quintana.
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Hasta ayer la fiscalía continuaba recepcionado el expediente remitido por la jueza Alicia Pedrozo. Una vez finalizada la recepción el Ministerio Público tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar la acusación u otro requerimiento conclusivo.