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Más de G. 369.697 millones, casi US$ 54 millones, destinó en los últimos doce años el Instituto de Previsión Social (IPS) en servicios de seguridad privada. De esta cifra G. 299.088 millones terminaron en manos de la empresa SST Security Service Tecnology, cuya denominación inicial era Doram SACI, representada por Gustavo Ramón Céspedes.
La firma, ligada al exdiputado colorado José Chamorro y su hijo Óscar Chamorro Lafarja, monopolizó el negocio de seguridad de la previsional por más de siete años. Este dominio hizo que el IPS pague millonarias sumas por cada puesto de guardia instalado en la institución.
Contratos firmados y publicados en el portal web de la DNCP revelan que la empresa ya cobraba allá por el año 2011 G. 8.423.438 mensual por cada puesto de guardia de 24 horas. Estos precios con el transcurrir de los años sufrían un importante aumento.
Es así que para el año 2017, el IPS primeramente firmó un contrato mediante el cual se estableció un valor de G. 13.961.174 por mes. Sin embargo, mediante una adenda firmada el 10 de abril de 2019 ese precio subió a G. 15.512.415 en forma mensual por cada puesto de guardia privado.
En los contratos firmados por el IPS con SST Security Service Tecnology está establecido que los cambios de guardia debían realizarse cada doce horas. Es decir, en un puesto estaban asignados dos personales, cuyo precio mensual de cada uno era de G. 7.756.208 mensuales, según los cálculos matemáticos.
Bajan los precios
El IPS pretendía en una licitación del 2019 mantener el precio de más de G. 15 millones revela el PBC publicado. Esta convocatoria, sin embargo, fue cancelada tras un escándalo de supuesto intento de soborno para parar las publicaciones de nuestro diario.
Fue entonces cuando se decidió que la seguridad del IPS pase a estar a cargo de la Policía Nacional. Este sistema se mantuvo hasta los primeros meses del año pasado cuando el IPS volvió a contratar a cuatro empresas privadas.
Así logran ingresar Tapiti SRL, representada por el exjefe policial Vidal Machado y su hijo Mauricio Machado.
La firma, con negros antecedentes consiguió un acuerdo de doce meses por G. 8.874 millones.
Además, están Prevención SRL (Francisca de Giménez) y Grupo Servipar SA (Alfonso Jacobo), con contratos de G. 7.418 millones y G. 9.051 millones, respectivamente.
Asimismo, consiguió un acuerdo la Organización Watchaman SRL, representada por Víctor Cabral. La firma que sería solo satélite de los Chamorro logró un contrato de doce meses por G. 9.144 millones.
Lo curioso es que para esta licitación los precios de cada puesto de guardia se redujeron a G. 14.359.544 por mes, según uno de los contratos firmados. Siendo el pago por cada personal G. 7.179.772 mensuales tanto en horario diurno como nocturno.
Evidencia de sobreprecio
En la licitación realizada este año por el IPS los precios por cada guardia vuelven a sufrir un incremento. Es así que los valores van de G. 7.983.301 y G. 10.004.128 por mes, según los presupuestos presentados por las mismas empresas.
La previsional estableció un precio promedio referencial mensual de G. 6.680.140 en horario diurno y G. 7.661.242 en nocturno. Es decir, cada puesto no debe pasar de G. 14.341.382, curiosamente, un precio por debajo del estipulado el año pasado.
Muy suspicaz apuro por volver a contratar
Una nueva contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las distintas dependencias del IPS por 12 meses está en etapa de evaluación. El ente previsional pretende gastar más de G. 46.094 millones, unos US$ 6 millones, mientras los asegurados sufren la falta de medicamentos e insumos.
La convocatoria se publicó el 1 de abril último y la apertura de ofertas se realizó 20 días después, el 21 de abril. Los contratos serán por lotes, de acuerdo a los datos existentes en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
A partir de su publicación, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) tuvo varios cuestionamientos de oferentes debido a que el ente previsional solicitó entre otros puntos que las empresas interesadas debían contar con una certificación internacional de calidad. Esto, incluso, habría derivado en la presentación el 11 de abril último de una protesta por parte de la empresa Vigilancia Sociedad Anónima (Silver Vip), representada por Hugo César Venialgo y Víctor Venialgo contra el PBC.
El 18 de abril pasado, la DNCP emitió una resolución Nº 1191/22 por la cual ordenaba la apertura del procedimiento para la sustanciación de la protesta. Además, recomendaba al IPS que como medida de prudencia administrativa suspenda la continuidad del procedimiento licitatorio o de la ejecución contractual en su caso en atención a lo establecido en el Art. 83 de la Ley Nº 2051/2003 “Contrataciones Públicas”.
Dicho articulado establece que como consecuencia de una protesta se podrá resolver: a) la nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a la ley; b) o la nulidad total del procedimiento.
“Por tanto, será exclusiva responsabilidad de la convocante la ejecución de un contrato cuyos actos administrativos previos cuenten con impugnaciones”, dice el documento. Llamativamente, el IPS hizo caso omiso a la recomendación y sigue con el proceso licitatorio.
En el proceso se presentaron las cuatro empresas que lograron contratos el año pasado. Estas firmas antes eran las primeras en protestar por este tipo de llamados.