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La contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las distintas dependencias del IPS por 12 meses está en etapa de evaluación. El ente previsional pretende gastar más de G. 46.094 millones, unos US$ 6 millones a la cotización actual, según el llamado con ID 408217.
La convocatoria se publicó el 1 de abril último y la apertura de ofertas se realizó 20 días después, el 21 de abril. Los contratos serán por lotes, de acuerdo a los datos existentes en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
A partir de su publicación, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) tuvo varios cuestionamientos de oferentes debido a que el ente previsional solicitó entre otros puntos que las empresas interesadas debían contar con una certificación internacional de calidad. Esto, incluso, habría derivado en la presentación el 11 de abril último de una protesta por parte de la empresa Vigilancia Sociedad Anónima (Silver Vip), representada por Hugo César Venialgo y Víctor Venialgo contra el PBC.
El 18 de abril pasado, la DNCP emitió una resolución Nº 1191/22 por la cual ordenaba la apertura del procedimiento para la sustanciación de la protesta. Además, recomendaba al IPS a que como medida de prudencia administrativa suspenda la continuidad del procedimiento licitatorio o de la ejecución contractual en su caso en atención a lo establecido en el Art. 83 de la Ley Nº 2051/2003 “Contrataciones Públicas”.
Dicho articulado establece que como consecuencia de una protesta se podrá resolver: a) la nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a la ley; b) o la nulidad total del procedimiento.
“Por tanto, será exclusiva responsabilidad de la convocante la ejecución de un contrato cuyos actos administrativos previos cuenten con impugnaciones”, dice el documento. Llamativamente, el IPS hizo caso omiso a la recomendación y sigue con el proceso licitatorio.
“Asegurados pueden esperar”
El IPS está apurado en contratar seguridad privada, mientras los asegurados sufren penurias al momento de acceder a los servicios, según las denuncias recogidas por ABC y las cuales quedaron evidenciadas en los últimos meses. Los aportantes del seguro social sufren desde falta de medicamentos hasta comodidades básicas. Incluso, en ocasiones debe soportar el maltrato de los guardias pagados con sus aportes. ABC intentó hablar con el presidente del Consejo de Administración de la institución, Vicente Bataglia, pero no respondió nuestros mensajes enviados vía WhatsApp.
Se presentó un solo oferente por cada lote
En la apertura de ofertas realizada por el IPS, pese a la recomendación de la DNCP, aparecieron cuatro empresas, algunas de ellas conocidas porque desde hace años tienen contratos con el ente previsional. Cada firma presentó su oferta por un solo lote, es decir, un solo oferente por cada contrato.
Por el lote 1 presentó su oferta la empresa Tapití SRL, representada por el exagente policial Vidal Machado y Mauricio Vidal Machado. Esta firma presentó una oferta de G. 13.134 millones. Tapití SRL cuenta en su haber decenas de denuncias y tenía hasta febrero de este año un contrato por G. 8.874 millones con el IPS.
Por el lote 2 la oferta vino de Prevención SRL, representada por Francisca de Giménez. El monto pretendido es de G. 12.986 millones. La firma también tenía hasta febrero de este año un contrato por G. 7.418 millones con el ente previsional.
Por el lote 3 apareció Organización Watchman SRL, representada Víctor Martín Pantaleón Cabral, con una oferta de G. 13.152 millones. Esta firma se encuentra ligada está ligada a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro y “partner” del exsenador liberal Dionisio Amarilla. El año pasado también consiguió un contrato por G. 9.144 millones con el IPS.
Por el lote 4 se presentó Grupo Servipar SA, representado por Alfonso Jacobo Balbuena. Su oferta fue de G. 13.080 millones. La firma también tenía hasta marzo pasado contrato con el IPS, por G. 9.051 millones.