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Claramente existe una competencia desleal y un desequilibrio que no permite el cumplimiento de la ley de competencia, afirmó el experto a ABC. A su criterio se produciría una discriminación. El sector de emblemas privados como el de Apesa se muestra temeroso de lo que pueda ocurrir.
El asesor legal, hizo una descripción de la situación de la legislación sancionada. Confirmó que el proyecto sancionado, no es el mismo que el original. Detalló que la incorporación que se hizo, excluye a personas del extranjero a que negocien con Petropar.
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Casañas Levi advierte que excluir la ley 2.051 de la DNCP, a los empresarios extranjeros, podría acarrear problemas, porque hay personas interesadas en vender, que no son residentes en el extranjero y sí deben someterse la ley 2.051.
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Ola de inconstitucionalidades en puerta
Debido a que la normativa no aplica de igual manera tanto a proveedores nacionales como extranjeros, el especialista expresó que existe, un riesgo. Una situación similar, como la ocurrida con la ley 1.626 de la Función Pública, cuando desde el año 2.000, la Corte Suprema, dictaba medidas cautelares de suspensión de la ley 1.626 para varias instituciones públicas.
Consideró que varias empresas del rubro, presentarían acciones de inconstitucionalidad, porque no quieren ser regidos por la ley 2.051. Si se les concede sus pedidos, la ley no se aplicaría.
Cree que siendo una ley tan importante habría que ver ese tipo de circunstancias, dada la urgencia de solucionar el problema de combustible, indicó Casañas.
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