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En junio de 2019 los fiscales de Delitos Económicos Luis Piñánez y Victoria Acuña, acusaron por cohecho pasivo agravado (coima) y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público para el ex ministro de la Corte Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini, el abogado Juan Carlos Ávila Meza, el facilitador Rafael Ramírez y Carlos Miguel Lesme.
Luego de varios incidentes planteados por la defensa, principalmente, de Bajac en octubre de 2020 el juez penal de garantías Yoan Paul López realizó la audiencia preliminar y elevó la causa a juicio.
Sin embargo, el caso ya no pudo avanzar debido a que se presentó un conflicto de competencia contra el Tribunal de Sentencia N° 20, a cargo de la jueza Rossana Maldonado, y el Juzgado de Sentencia N° 2 especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, para la integración de la Sala Penal que resolverá la cuestión.
Dicha contienda debe ser resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, pero los ministros de la Corte, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes Ocampos se inhibieron; y los otros ministros César Diesel y Antonio Fretes se negaron a integrar.
Actualmente el expediente se encuentra en el despacho de Víctor Ríos, para consulta de integración.
Fiscal urgió que se destrabe expediente
El caso de Miguel Óscar Bajac lleva congelado ya dos años debido a esos acontecimientos señalados. En consecuencia, uno de los fiscales acusadores Luis Piñánez presentó urgimientos a modo de que se pueda resolver lo antes posible, el último de ellos en febrero último.
Consultado, el agente del Ministerio Público no descartó presentar un nuevo urgimiento para que se destrabe el expediente y pueda, finalmente, llevarse a cabo el juicio.
Bajac quiso hacer pasar por honorarios
De acuerdo con la acusación fiscal, entre los meses de diciembre de 2017 y julio de 2018, Miguel Óscar Bajac Albertini, todavía ministro de la Corte Suprema de Justicia por entonces, había solicitado a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, esta última dueña de la firma “Cal Agro SA”, el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de Cal Agro SA contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por 3.700.000.000 de guaraníes.
El monto supuestamente solicitado alcanzaba los US$ 50.000.
Según los investigadores, el propio Bajac se reunió varias veces con los denunciantes en su mismo despacho y solicitó a Nery Páez “formalizar un acuerdo con un abogado designado por él”.
Para el efecto el Bajac había designado a Juan Carlos Ávila, con quien los denunciantes firmaron un pacto de cuota litis para hacer pasar la coima como parte de honorarios profesionales.
En la cláusula tercera de ese contrato figura que los “honorarios” iban a ser abonados una vez que se confirme la sentencia de indemnización de segunda instancia. El “contacto”, además de Bajac, era el funcionario Carlos Lesme.
Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió los US$ 50.000, según los fiscales, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Rafael Ramírez con una coima de G. 50 millones.