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Para hoy estaba fijada la audiencia en la que el juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás Aguiar debía recibir las evidencias obtenidas por el Ministerio Público contra los cinco camioneros imputados por supuesta extorsión. Sin embargo, la misma se suspendió porque la defensa apeló la resolución judicial.
Los abogados Raúl Peralta y Myrian Fernández apelaron señalando como agravio que “por una parte el Ministerio Público y el Juzgado quieren darle un tratamiento de una interceptación de una comunicación, pero en realidad es una cámara oculta que filmó reuniones de las personas para legalizar las diligencias realizadas dentro del acto de la investigación”.
En el escrito, los abogados defensores hacen referencia a lo dicho por el fiscal Francisco Cabrera sobre la limpieza de los audios grabados y señalan “no puede ser porque se estaría modificando la prueba originaria”.
Agregan las defensas que “es necesario que el magistrado previamente analice las grabaciones y saber si fueron realizadas dentro del periodo otorgado por la autorización judicial, situación que no se da con las grabaciones que pretenden ser entregadas en la audiencia del 25 de abril de 2022. Está en duda la forma de obtención de las filmaciones”.
Chicana evita rápido acceso a pruebas, según Fiscalía
Tras la suspensión de la audiencia judicial, una de las investigadoras del supuesto hecho de extorsión, la fiscala Liliana Alcaraz, calificó la apelación de la defensa como “una chicana directamente, porque en vez de tener acceso rápido a las evidencias conforme al Código Procesal Penal, ellos presentan un recurso”.
Alcaraz expresó que “la defensa acudió a la fiscalía solicitando copia de la carpeta y de las diligencias realizadas por autorización judicial” y hoy la iban a recibir.
La fiscala dijo que “concretamente son dos días de grabaciones; tenemos dos reuniones, una un poco más larga del día 12 y otra más corta del 13. De esas reuniones se tienen que hacer la desgrabación. El juez es el que tiene que entregar las copias y no el Ministerio Público”.
De hecho, para eso “se pide la audiencia del artículo 200; trajimos los equipos para que se haga la desgrabación y se entreguen las pruebas”, manifestó Alcaraz.
Entrega de evidencias según el Código Procesal Penal
La diligencia debía realizarse en el marco del artículo 200 del Código Procesal Penal (CPP), que establece: “El juez podrá ordenar por resolución fundada, bajo pena de nulidad, la intervención de las comunicaciones del imputado, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas”.
Además de que “el resultado sólo podrá ser entregado al juez que lo ordenó; podrá ordenar la versión escrita de la grabación o de aquellas partes que considere útiles y ordenará la destrucción de toda la grabación o de las partes que no tengan relación con el procedimiento, previo acceso a ellas del Ministerio Público, del imputado y su defensor”.
Pericia a teléfonos
Si bien se suspendió la audiencia para entrega de pruebas, el juez José Delmás tomó juramento a los peritos informáticos José María Ibarra Castro, propuesto por los abogados Raúl Peralta Myrian Fernández, y Rafael Barrios Falcón, propuesto por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, para la extracción de datos de los cinco celulares pertenecientes a los investigados.
Camioneros procesados por extorsión
Los cinco trabajadores del volante Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina fueron imputados por supuesta extorsión por los fiscales Liliana Alcaraz, Silvio Corbeta y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
Los camioneros habían exigido al ministro del Interior, Federico González, en una primera reunión, el pago de la suma de US$ 1.000.000, pero el secretario de Estado les señaló que eso era imposible, por lo que bajaron su pedido a US$ 300.000, pero nuevamente recibieron una negativa. En esta oportunidad aprovecharon para solicitar que el pedido sea transmitido incluso al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
En una última reunión, el 13 de abril, llevada a cabo en sede del Ministerio del Interior, se hizo entrega de 50.000 en billetes de la moneda norteamericana. Para esto, se procedió a la fotocopia previa de los billetes por autorización judicial para una entrega vigilada. También, por la misma vía, se realizó la escucha de la reunión y su filmación.
La defensa, desde el primer momento solicitó que la Fiscalía muestre las pruebas que decía tener para probar la extorsión cometida por los camioneros.