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El imputado jefe departamental cartista, Hugo Javier González, remitió ayer al presidente de la Junta Departamental, el liberal dionisista Mario Aguilera, la nota GDC Nº 147/2022 mediante la cual informa su ausencia del 18 de abril de 2022 al 05 de mayo próximo. Esto, de conformidad al Art. 13 Inc. A de la ley Nº 426/94 “Carta Orgánica del gobierno departamental”, según se lee en el documento (ver facsímil).
La solicitud del ejecutivo departamental llegó luego de verse acorralado por la serie de impedimentos para continuar ejerciendo su cargo debido al arresto domiciliario ordenado el 12 de abril pasado por la jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete. En principio, el exanimador pretendía seguir en el cargo utilizando la excusa de que la vivienda donde está recluido estaba en Areguá, asiento de la gobernación.
Sin embargo, esta intención cayó por tierra al comprobarse a través de mapas satelitales que la casa en el exclusivo barrio Costa Lago, está en el distrito de Ypacaraí, en el límite con Itauguá.
Ante esa situación, el exanimador recurrió a una última opción que era solicitar permiso para “trabajar de 07:00 a 15:00 en su despacho”. Pero, esta intención fue también rechazada ayer por la jueza Cañete que reconfirmó la reclusión domiciliaria de González.
Hechos graves
La magistrada en su reconfirmación de la medida volvió a resaltar en su considerando que el arresto domiciliario es la medida más adecuada para asegurar el debido sometimiento de González, a fin de prevenir el peligro de fuga.
A esto se suma la porción de hechos que le sindica la fiscalía y el grado de participación que le atribuyen, la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio público y de alto valor, mediante la utilización de fondos covid.
“Y considerado que el Ministerio Público a través de sus representantes, sostienen la participación del procesado Hugo Javier González como gobernador del Departamento Central, por lo que podrían ser considerados como hechos graves, por lo que en este momento la medida de arresto domiciliario dispuesta por este Juzgado es la medida más adecuada con relación al citado procesado, señalando que la defensa técnica no ha aportado ningún elemento nuevo”, dice la resolución.
Añade que la medida de arresto domicilio es la primera medida alternativa a la prisión preventiva.
Lesión de confianza y tres delitos más
El Ministerio Público imputó al gobernador de Central, Hugo Javier González, por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en calidad de autor, mientras por presunta asociación criminal estaría como coautor. Junto al jefe departamental están procesadas otras 14 personas, entre funcionarios de la institución departamental, miembros de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y contratistas.
Los trabajadores imputados son el director general de administración y finanzas, Javier Marcelo Rojas; la secretaria general, Lourdes Lezcano; el secretario de obras públicas, Armando Adolfo Soler; el asesor jurídico general, Édgar José Zaracho, y la funcionaria de la Dirección General de Administración y Finanzas Modesta Valiente. González tiene la prohibición de comunicarse con los mismos, según la medida de la jueza Cañete en la cual estableció el arresto domiciliario.
Aguilera como encargado
A partir del pedido presentado por el ejecutivo departamental asume a partir de hoy como encargado de despacho el presidente de la Junta Departamental, el liberal dionisista Mario Aguilera. El edil, sin embargo, no podrá firmar documentos como tampoco tomar decisiones administrativas, según la Carta Orgánica.
El trabajo de Aguilera se reducirá a representar al gobernador, mientras dure su ausencia, de acuerdo a nuestras fuentes. González informó que estará ausente desde 18 de abril hasta 5 de mayo próximo.