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El 24 de marzo pasado, Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, de la Capital había confirmado la condena a tres años de prisión contra los tres jóvenes liberales, que habían participado de las protestas contra el intento inconstitucional de habilitar la reelección presidencial, que culminaron con la quema del edificio del Congreso y posteriormente con el asesinato al joven Rodrigo Quintana durante un atraco policial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
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La presentación del recurso ya había sido anunciada por la defensa de los condenados, como última medida a nivel local, antes de recurrir a instancias internacionales. Consideran que el juicio y las condenas que recibieron constituyen una persecución política contra jóvenes que defendieron la Constitución Nacional y la democracia en nuestro país.
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Pese a que quienes participaron de los destrozos de la sede legislativa fueron muchos más, solamente Patrón, Cortesi y Rojas llegar a ser condenados por “perturbación a la paz pública”.
Entre los principales argumentos esgrimidos por la abogada Liliana Boccia, representante de Patrón, se acusa que el Tribunal de Apelaciones no analizó algunas consideraciones expresadas por la defensa y, sobre todo, cometió errores en la tipificación del delito y la medición de la pena.