Fiscala: camioneros pidieron US$ 1 millón para no cerrar rutas durante este Gobierno

La fiscal Liliana Alcaraz afirmó que el supuesto pedido original de los líderes camioneros detenidos hoy por extorsión fue de un millón de dólares para no realizar nuevos cierres de ruta hasta el final del mandato del presidente Mario Abdo Benítez, pero finalmente redujeron su exigencia a US$ 300.000. Los US$ 50.000 en efectivo con los que cayó uno de los cinco detenidos solo fue un anticipo, expresó la agente del Ministerio Público.

Billetes hallados en poder de un líder camionero detenido hoy en el Ministerio del Interior.
Billetes hallados en poder de un líder camionero detenido hoy en el Ministerio del Interior.Gentileza

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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la fiscal Liliana Alcaraz brindó detalles adicionales sobre la detención de cinco líderes camioneros por un supuesto intento de extorsión al Gobierno, luego de haber recibido US$ 50.000 en efectivo a cambio de no realizar cierres de ruta.

La fiscal Alcaraz comentó que, según la denuncia hecha por el ministro del Interior, Federico González, el pedido original de los dirigentes camioneros al Gobierno fue de un millón de dólares, a cambio de que “se parase cualquier cierre de ruta hasta el final del gobierno actual”.

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Eventualmente, afirmó la fiscal, la exigencia bajó a US$ 300.000, de los cuales hoy fueron entregados US$ 50.000 en efectivo a modo de anticipo, en una entrega controlada por el Ministerio Público.

El líder camionero que recibió hoy el dinero de manos del ministro Federico González fue detenido en la propia sede del Ministerio del Interior, y otros cuatro líderes transportistas fueron aprehendidos en un estacionamiento cercano.

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Hasta cinco años de cárcel

La Fiscalía aún no reveló oficialmente los nombres de los cinco detenidos, que fueron remitidos a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para su reclusión a la espera de su convocatoria ante el Ministerio Público.

La fiscal Alcaraz indicó que la figura penal aplicable al caso es la de presunta extorsión, que se castiga con hasta cinco años de cárcel.

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