Proyecto de declaraciones juradas de bienes, de vuelta sin tratamiento en la Cámara Baja

Los diputados nuevamente priorizaron sus intereses antes que definir el tratamiento del proyecto de ley que despenaliza las declaraciones juradas falsas y otros 15 puntos que figuraban en el orden del día de la sesión extraordinaria. Los oficialistas dejaron sin quorum la sesión que fue adelantada.

Jazmín Narváez (ANR, Añetete), una de las voceras de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados.
Jazmín Narváez (ANR, Añetete), líder de la bancada oficialista. En bloque ayer dejaron sin quorum la sesión extraordinaria.Archivo, ABC Color

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Los colorados no están muy apurados en resolver la ratificación del proyecto de ley que rectifica las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades electas y autoridades, ya que recién el 25 de mayo tendrá sanción automática.

Si dentro de ese plazo no se trata, quedará firme la versión del Senado que precisamente mantiene la penalidad de las declaraciones juradas falsas. La intención de los diputados –especialmente de los colorados– es ratificarse en la versión de Diputados, que busca quitar la penalidad por “correcciones” que se pretendan hacer en cualquier momento al documento.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Trabajo dictaminaron a favor de la ratificación de la versión Diputados. En Constitucionales solo la diputada Rocío Vallejo (PPQ) dictaminó por mantener la penalidad.

En la comisión de Legislación y Codificación, donde existe una mayoría opositora, recomienda al pleno aprobar la versión del Senado.

Otros puntos

Tampoco pudo tratarse el proyecto de ley de Migraciones, que busca actualizar la ley migratoria a las necesidades de los migrantes en materia de protección de parte del Estado y de los convenios internacionales ratificados.

Dejaron pendiente un proyecto de ley que modifica el Código Aduanero en el que se endurece el castigo por casos de defraudación aduanera, se da intervención inmediata a la Fiscalía y una infracción aduanera pasa a ser un delito de acción penal pública. La norma viene postergándose desde el año pasado en la Cámara Baja.

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