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La historia reciente muestra que la creación de las reglas vinculadas a la regulación de juegos de azar, y la aplicación de las mismas, se dan conforme al Gobierno de turno y sus respectivas autoridades. Al menos es lo que se observa en la “regularización” de las máquinas tragamonedas en comercios de libre concurrencia, tales como despensas, bares, cafeterías y otros.
En 2011, Gerardo Gómez Morales, entonces titular de la Comisión y bajo el gobierno de Fernando Lugo, aprobó la Resolución N° 88 con la cual denominó a los aparatos como “máquinas de premio programado” y con la previa licencia y pago de canon correspondientes, pretendía “legalizar” su uso en comercios prohibidos por la Ley N° 1016/97. Javier Balbuena revocó esa decisión en 2013, durante el mandato de Horacio Cartes, por considerarlo contraria a la ley citada. Sin embargo, diez años después de aquel intento de “regularizar” las máquinas (2021), con José Antonio Ortiz Báez, designado por el presidente Mario Abdo Benítez como titular de Conajzar, firmó la Resolución N° 34 de “legalización” de tragamonedas con criterios muy similares a los aplicados en el 2011. Ortiz firmó un contrato directo con iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, siguiendo ese plan.
El Senado denunció que el plan consiste en la creación de una estructura para lavado de dinero y obtención ilícita de recursos, por lo que lo denunció al Ministerio Público (MP). La fiscala María Estefanía González imputó a Ortiz, Carmen Corina Alonso, Omar Rodrigo Mongelós González, Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez, entonces autoridades de Conajzar.
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Mismos involucrados
La Resolución N° 43 del 2013 que revoca lo dispuesto en 2011 reporta que la única empresa interesada en la licencia para operar tragamonedas en comercios de libre concurrencia fue en aquel entonces el “Grupo Mercantil”. Llamativamente, se trata de una de las compañías tercerizadas con las que trabaja iCrop en la actualidad y que conforme a un reciente informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), es la responsable de la mayor cantidad de máquinas “regularizadas” por iCrop.
El que figuraba como representante de la firma de referencia es Ariel Vera, quien reconoció a ABC que estaba en dicha empresa en 2011 pero recalcó que hoy ya no tiene más ningún vínculo con Grupo Mercantil ni iCrop.
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Cuando comenzaba a denunciarse en la prensa las irregularidades sobre iCrop, Vera negó su participación en el esquema cuestionado pero se comprobó que encabezaba los operativos de censo y catastro de tragamonedas en Asunción e interior del país. Ariel es hermano de Cristhiant Vera, extitular de Conajzar y asesor jurídico de iCrop.
Por otra parte, la diputada María Cristina Villalba era integrante de Conajzar en 2011, cuando se aprobó la cuestionada decisión. De esta manera, no sorprende su interés en acompañar un proyecto de ley que pretende una “reforma” de la regulación de los juegos de azar, pero que tiene serios cuestionamientos de gremios del rubro. Intentamos conocer sus comentarios al respecto pero no contestó nuestras llamadas.
En cuanto a las tragamonedas, el Congreso sancionó una ley que prohibe su uso en comercios de libre concurrencia. Abdo tiene la última palabra. La sanción ficta se cumple el 26 de abril próximo, según los datos.
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