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El hecho de que el juicio político a Sandra Quiñónez se haya rechazado a tambor batiente, sin siquiera permitir la argumentación a favor y en contra es un indicio suficiente de que la falta de causales no fue un motivo real para salvar a la fiscala general del Estado sino la “resurrección” de la “Operación Cicatriz” para el “blanqueo” político.
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En el cartismo, hay al menos dos procesos ligados presuntamente a crímenes graves como el narcotráfico, que vincula al acusado diputado Ulises Quintana, procesado en el caso Berilo y el del diputado Erico Galeano, salpicado junto al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, por el operativo “A Ultranza Py”.
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También el caso de la cuñada del diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR, oficialista), la cual aguarda juicio por narcotráfico pero beneficiada con prisión domiciliaria. El legislador intentó disimular su respaldo a Quiñónez votando a favor del juicio político, a sabiendas de que no habían votos, pero su presencia en la sesión permitió dar quórum para el archivamiento.
Asimismo, en ambos sectores colorados (cartistas y oficialistas) e incluso los liberales hay varios “apretados” con procesos ligados a presunto enriquecimiento ilícito o desvíos de fondos estatales.
Los colorados oficialistas Luis Urbieta y Esteban Samaniego, la cartista Marlene Ocampos o el esposo de la llanista María López han sido beneficiados con el congelamiento de sus causas. También los “blanqueados” dieron su apoyo: Tomás Rivas votó en contra del juicio y Carlos Núñez Salinas viajó a Dubai.