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La fiscalía, manejada por Sandra Quiñonez, no vio ningún delito en dos obras emblemáticas del Gobierno de Horacio Cartes, las cuáles están salpicadas de indicios de corrupción y que habían sido adjudicadas a empresas extranjeras bastante cuestionadas.
Tal es el caso del conocido “superviaducto” de Mdme. Lynch y Aviadores del Chaco, que fue adjudicado por G. 124.210 millones a Isolux Corsán, valor inicial que luego se infló a G. 127.343 millones.
En este caso, el agente de Delitos Económicos y Anticorrupción, Nelson Ruiz, pidió en junio del 2018 la desestimación de las denuncias realizadas, poco después de que Quiñónez asumiese como fiscala general, y el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, logró su “blanqueo” a poco de dejar ese cargo.
Esto, inclusive a pesar de una investigación de la Policía Judicial española al político Jordi Pujol Ferrusola, a quien vincularon con un caso de “corrupción internacional”, porque supuestamente consiguió contratos públicos amañados en los que percibió comisiones del 10%. La pesquisa involucró a Paraguay, específicamente, en el contrato para la construcción del “superviaducto”, que fue adjudicado a la firma española Isolux Corsán, según la prensa ibérica.
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El escándalo saltó en mayo del 2017 y, de acuerdo con los datos, los investigadores explicaban que en el país el político español estaba en contacto por correo electrónico con Ernesto Manuel Dos Santos, al que identifican como el “conseguidor” de la adjudicación del superviaducto a Isolux, que en julio del 2017 ya estaba en quiebra.
Dos Santos vinculó con el escándalo internacional a Jiménez Gaona, pues este presumió en diciembre del 2013 que conocía al entonces ministro de Obras Públicas y de poder modificar los pliegos de licitaciones o alterar los plazos para conseguir que Isolux no sea descalificada del concurso público.
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Según el Ing. Hermann Pankow, quien diseñó esta obra, el proyecto se cambió totalmente para abaratar costos. Habló de un ahorro de US$ 3 millones a favor de la contratista, pero el fiscal Ruiz desestimó la denuncia a escasos dos meses de la investigación y blanqueó al ex ministro Jiménez Gaona.
El “superviaducto” fue inaugurado el 31 de marzo de 2017, en plena crisis política del país, porque querían aprobar la enmienda constitucional que le hubiera permitido a Horacio Cartes postularse a la reelección presidencial.
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Zona del fallido metrobús se inundó y sigue causando pérdidas
En mayo próximo se cumplirán cuatro años de la primera denuncia penal presentada sobre el caso del fallido metrobús, pero hasta la fecha no hay imputados, porque la “fiscalía de Cartes” no quiere investigarlo, según coincidieron los denunciantes.
Ayer y hoy, con la intensa lluvia registrada, los comercios de la zona se inundaron y, una vez más, generó millonarias pérdidas, por lo que rogaron al Ministerio Público que avancen con las pesquisas. “Pedimos que la fiscalía investigue, no puede ser que nos inundemos con cada lluvia y que nadie esté imputado. Mi negocio se inundó ayer y nuevamente perdí muchísimo con esto”, lamentó Nelson Escobar, uno de los frentistas de la fracasada obra.
El caso del metrobús sigue en manos de una fiscala interina, Esmilda Álvarez, que hasta la fecha no imputó a nadie, pese a las irregularidades que detectó la Contraloría y la Comisión bicameral del Congreso, que ya fueron remitidas a la fiscala general, Sandra Quiñonez.
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Esta obra fue adjudicada a la empresa portuguesa Mota Engil por US$ 54 millones, costo que se incrementó 35% mediante una adenda. La empresa adjudicada cobró más de US$ 30 millones, 10% de esto fue en concepto de anticipo, pero no completó ni el 30% de las obras civiles del metrobús.
Actualmente, Mota Engil reclama US$ 35 millones al Estado paraguayo en concepto de indemnización, que debe definirse en un arbitraje internacional en curso, el cual se maneja con total hermetismo en la Procuraduría.
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