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El hombre asegura que no tiene ninguna avioneta, que nunca firmó ningún documento que lo pueda comprometer en el caso y afirmó que en mayo del año pasado había perdido todos sus documentos, alegando con esto que los mismos podían haber sido utilizados para hechos ilícitos.
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“El miércoles a la tarde, cuando estaba en casa, varias personas me llamaron y me preguntaron si estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Primeramente me pegué un susto por mi trabajo pero empecé a preguntar a mis compañeros de trabajo qué tenía que hacer, adónde ir. Después fui a la Fiscalía para saber cómo cambiar eso (el dato de que es propietario de la avioneta) porque no corresponde. En realidad yo no tengo ninguna avioneta, tampoco soy testaferro de nadie, nunca firmé nada, ni me citaron en ninguna escribanía”, manifestó.
“El agente me preguntó si en algún momento tuve pérdida de documentos y le dije que sí, pero en mayo del año pasado. Me preguntó si tenía la denuncia y por suerte tenía todavía esa denuncia. Me dijeron que iban a investigar y que me iban a avisar”, señaló Bracho en una entrevista con Radio Monumental 1080.
El martes pasado, agentes especiales de la Senad y la fiscala Lourdes Bobadilla, allanaron el Hangar PZ FLIGHT de Luque, en donde se incautaron de la aeronave y que, de acuerdo a los datos recabados, forma parte del esquema de tráfico aéreo de cocaína de la organización actualmente investigada.
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La información obtenida en ese momento por la Senad señalaba que la avioneta figura a nombre de Francisco Javier Bracho Espínola, de 34 años, funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y quien supuestamente sería un testaferro.
La avioneta tiene un valor estimado de US$ 350.000 y fue puesta a disposición de la Senabico.