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Los ediles liberales que votaron por la aprobación del dictamen que rechaza la ejecución presupuestaria del 2021 son Derlis Larroza, Mario Aguilera (presidente de la Junta Departamental), Laura Moreira, Benita Jara, Adrián Billy Vaesken, Roque Ávalos, Jorge Rolón, Dilio Ortiz, Daniel Ferreira y Atilio López.
También votaron por el dictamen el solitario concejal de Patria Querida Miguel Villagra, además de los cinco colorados velazquistas, Gustavo Maciel, Emilse Bobadilla, Gustavo Machuca, Jadiyi Ibarrola y Óscar Delvalle.
Por otro lado, se abstuvieron los cartistas Crispín Vallejos, Enrique Ojeda, Alejandro Núñez y María Sixta Estigarribia. Y el único que votó por la aprobación del balance del gobernador Hugo Javier fue el edil Derlis Maciel.
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Benita Jara, miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Gobernación de Central, dio lectura al dictamen destacando groseras irregularidades en la ejecución de los fondos de la institución departamental luego de un comparativo realizado entre los montos fijados en el balance y los documentos publicados en el portal web de la Gobernación.
La concejala, durante su alocución, señaló que en todo el ejercicio 2021 y al momento de recibir el balance de ese mismo año, no se contaba con ningún documento respaldatorio que garantice el transparente uso de G. 123.000 millones de un total de G. 163.000 millones, presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión.
La edil Jara dijo, por ejemplo, que existen inconsistencias entre los valores patrimoniales y contables de activo, cuya diferencia es de G. 30.000 millones y no existe un registro actualizado de los bienes materiales. El control interno en la institución es nulo, esto fue confirmado en una auditoría hecha por la Contraloría sobre la ejecución de un millón de dólares, fondo covid-9, que presenta una serie de irregularidades.
También la ejecución del rubro 848 “transferencias para complemento escolar” arroja una diferencia de G. 5.161 millones, ya que el balance de Hugo Javier dice que fueron ejecutados G. 80.193 millones, pero en planillas figura un pago de G. 75.112 millones.
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El rubro 100 “Ingresos corrientes” también presenta una discrepancia de G. 3.209 millones, entre la planilla digital de ejecución a diciembre de 2021 y la que ahora forma parte del balance.
Otra notoria diferencia se registra en el total obligado y el total ejecutado de los grupos servicios personales, no personales, bienes de consumo e insumo, inversión física, transferencias y otros gastos. Por ejemplo, el informe del gobernador dice que de G. 123.834 millones se pagaron G. 107.367 millones, quedando un saldo pendiente de pago “deuda flotante” de G. 16.467 millones.
“Pero no existe consistencia en el monto debido a que confirme a la suma de las planillas de registro mensual de transferencias publicada en la página web de la Gobernación, lo pagado corresponde a G. 99.291 millones, observándose una diferencia de G. 5.161millones”, dice el dictamen.
Estas son solo algunas de las supuestas irregularidades halladas en el balance del gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. Debido a esto y a la falta documental respaldatoria, los 16 concejales que votaron por el rechazo del informe también solicitarán a la Contraloría General de la República que audite todo el ejercicio fiscal 2021.
Recordemos que el ente contralor ya auditó US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) del fondo covid, ejecutados en 2021, cuyo informe final está plagado de anomalías que el gobernador y su administración no supieron refutar. Es más, tanto Hugo Javier como otras 15 personas fueron imputados por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos (facturas clonadas y otros) y declaración falsa.
Ahora, la resolución de la Junta Departamental sobre el rechazo del balance será remitido al Ejecutivo y Hugo Javier tendrá 20 días hábiles para su aprobación o veto. En caso de que dicho documento sea vetado, el gobernador necesitará el apoyo de ocho concejales, según reglamentación, para que quede firme la decisión.