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En la audiencia preliminar que se inició en la mañana de este martes ante el juez penal de garantías Humberto Otazú, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Lionel Piñanez, ratificó la acusación del hecho punible de lesión de confianza y asimismo requirió al juzgado la elevación de la causa a juicio oral y público.
Por su parte, el exministro procesado de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Francisco De Vargas, llamativamente, solicitó que el caso se eleve a juicio oral y no presentó ningún incidente en la audiencia preliminar.
A su vez, el también exministro de la Senad Luis Alberto Rojas, planteó el sobreseimiento definitivo y la inclusión de pruebas.
A su turno, la defensa de Nicasio y Alfredo Bóbeda, propietarios de la empresa Televox SRL, proveedora de los equipos de espionaje para la Senad, promovieron incidentes de sobreseimiento definitivo en base de que ya se les juzgó en otra causa y solicitaron que se traiga a la vista dicho expediente.
En el caso de Antonio Pereira, exdirector general de Administración y Finanzas de la Senad, asimismo presentó un incidente de sobreseimiento definitivo.
La audiencia proseguirá en la esta siesta de este martes hasta las 16:00, y luego proseguirá el miércoles, según adelantaron a este medio.
El caso
El entonces fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera imputó por lesión de confianza el 18 de noviembre de 2016 al exministro de la Senad Francisco José de Vargas, porque en el 2012 compró para esa institución, de la firma Televox SRL, el equipo denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que “pagó G. 9.406.120.000, por un bien que de ninguna manera justificaba dicho desembolso”, según señaló el Ministerio Público.
El actual fiscal de la causa es Luis Lionel Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quien presentó la acusación correspondiente en diciembre de 2018.
La investigación fiscal corroboró que los equipos de espionaje telefónico eran inservibles y que posiblemente habían sido sobrefacturados. Incluso, se mencionó que estos equipos, lejos de ayudar al combate del crimen organizado o el tráfico de drogas, entorpecieron las labores.
Luego de tres años, en el 2015, el entonces ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas, realizó una nueva compra, denominada “equipos tácticos de comunicación”, por el que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente a la empresa Televox. También fue procesado por lesión de confianza.
La investigación de la Fiscalía sostiene que dichos equipos no se pudieron utilizar en la labor de la Senad, y que De Vargas y Rojas, como administradores, tenían la obligación de cuidar del patrimonio de la institución a su cargo.
Rojas, además, fue quien direccionó las dos compras de equipos hacia la empresa Televox SRL.
Televox tiene como representantes a Nicasio Bóbeda y Alfredo Javier Bóbeda, quienes fueron acusados por producción de documentos no auténticos y contrabando.
Por otra parte, la contadora de esta firma, Silvia Jara Acha,está procesada por producción de documentos no auténticos.
Televox solicitó ser proveedora del Estado recién el 8 de agosto de 2012 y solamente realizó las dos ventas a la Senad (2012 y 2015), y en Aduanas registró solo esas dos importaciones.
También fueron acusados por lesión de confianza (complicidad) seis exfuncionarios de la Senad. Alberto Ferreira Martí, exencargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Jessica Paola Reyes, exasesora jurídica de la Dirección Administrativa; Antonio Pereira, exdirector administrativo; Silvio Amarilla, agente especial y exdirector de Inteligencia; Hugo González, coordinador de la UOC, y Adalberto Benítez, exdirector de Administración.