El Poder Ejecutivo designó a María Galvan del Puerto como presidenta interna de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en reemplazo de José Antonio Ortiz Báez. También a César Eladio Romero Rojas como representante de la Dirección de Beneficencia (Diben), en vez de Carmen Alonso (titular del ente), y a Alma María Irene Muhr en sustitución de Omar Mongelós González, quien era el representante del Ministerio del Interior. Sin embargo, mantiene como integrantes de la comisión a Ricardo Núñez, representante de las municipalidades, y Rubén Rousillón (ANR- cartista), de las gobernaciones.

Las nuevas designaciones fueron concretadas mediante decreto, ya que son cargos de confianza, y se trata de las primeras hechas luego de que el Ministerio Público procesara a todas las autoridades de la citada comisión por presuntos hechos punibles en sus gestiones ante el ente. La fiscala Estefanía González indaga la adjudicación de la explotación de la quiniela a una firma que sería morosa de tributos, la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos taxativamente por ley de juegos de azar y la reducción del canon a concesionarias del rubro, que se decidió en pandemia.

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En contrapartida, Abdo Benítez mantiene a Núñez, hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR- cartista), y a Rousillón, a pesar de que la Ley N° 1.626 de la Función Pública establece en su artículo N° 42 que “cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles, será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso”. Los miembros de Conajzar están alcanzados por dicha ley, según se lee en su artículo 8.

Cabe recordar que Rousillón también se encuentra procesado por una aparente “tragada” en la Gobernación de Presidente Hayes.

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¿Quiénes son los “nuevos”?

Los cambios ejecutados por Mario Abdo no dan indicios de transformaciones reales en la gestión, considerando que los “nuevos” miembros de Conajzar estaban ligados al equipo reemplazado.

Galván se desempeñaba como directora Jurídica de la comisión cuando se tomaron las decisiones cuya legalidad se pone en duda. Romero es antiguo funcionario de Diben, fue director de Contrataciones y actualmente se desempeñaba como asesor jurídico. Muvr era directora de Transparencia del Ministerio del Interior, cuyo titular es Arnaldo Giuzzio, y es funcionaria de Fiscalía y llegó a estar como comisionada a la Secretaría Antidrogas, bajo la gestión de Giuzzio, según los datos del sector.

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