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La Contraloría General de la República (CGR) no podrá auditar los gastos sociales ejecutados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) debido a que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros César Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Alberto Martínez Simón, hizo lugar a la medida cautelar de urgencia solicitada por la hidroeléctrica y suspendió los efectos de los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley 6763/21 hasta que se resuelva dicha acción de inconstitucionalidad.
En comunicación con ABC Cardinal, Ezequiel Santagada, abogado y especialista en derechos humanos y acceso a la información pública, analizó el fallo y refirió que lo grave no pasa por lo resuelto sino por la falta de fundamentación.
Explicó que si bien la Sala Constitucional está facultada para suspender la ley mientras analiza la cuestión de fondo, la misma debería fundamentar su decisión, conforme al Código Procesal Civil. “Acá lo que es grave es que la Corte suspende la ley sin dar mayores argumentos”, expresó.
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En ese sentido, reconoció que la falta de fundamentación de la resolución podría considerarse como un mal desempeño en funciones de los ministros de dicha Sala, lo cual podría derivar en un juicio político.
Grave para los intereses del país
En otro momento, indicó que no hay forma de apelar la suspensión de la Ley 6763/21.
Agregó la única solución que tienen los miembros de la Sala es dar a conocer los fundamentos de la decisión mediante una resolución de aclaratoria.
También refirió que dicha acción podría ser grave a largo plazo para la institucionalidad del país, en el marco de la perspectiva internacional. “Eso atenta a los intereses del país a largo plazo”, subrayó.
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Igualmente, refirió que no sorprende la decisión de los miembros de la Sala Constitucional, pues indicó que los mismos tienen una “posición conservadora”, teniendo en cuenta los antecedentes.
Elecciones presidenciales
Por otra parte, manifestó que esta decisión se da en un contexto de elecciones presidenciales, atendiendo la importancia del uso de los fondos sociales de las binacionales para los intereses partidarios. “Estos fondos sociales son los que se utilizan históricamente para hacer campaña política”, dijo.
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Añadió que la resolución sobre la cuestión de fondo será emitida cuando los ministros de la Corte consideren que “sea políticamente oportuno”.
Tanto la Itaipú Binacional como la EBY en reiteradas ocasiones -y con distintos argumentos- manifestaron su rechazo a ser sometidos a auditoría por parte de la Contraloría. Para algunos sectores es una posición en contra de intereses generales a fin de seguir utilizando los fondos sociales de forma discrecional.