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Las zonas recorridas por esta comisión fueron Paraguarí, Caazapá, Misiones y Ñeembucú. En su calidad de vicepresidente de la Cámara Alta, Sixto Pereira dijo que se llegó a la conclusión de que hubo complicidad del Mades, pues debió garantizar para cualquier emprendimiento el tema socioambiental.
Se mostró preocupado en gran parte contra la producción extensiva sojera, ganadera y así como la de arroz. Dio algunas cifras como que la producción de soja va en ascenso con más de 4 millones de hectáreas, y resaltó que hay un proyecto de dos millones más en una zona del Chaco.
Observaron que hay impotencia de pobladores. “Nadie está en contra de la inversión, lo malo es que se viola el derecho de la gente. La fiscalía debe actuar de oficio y los gobiernos locales deben hacer una campaña de educación ambiental”, sostuvo.
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Instó a que el Ministerio Público intervenga la Dirección General de Recursos Hídricos y la Dirección General de Control Ambiental del Mades.
No se aplica ley de recursos hídricos, afirman
Durante la exposición de la investigación, el ingeniero Víctor Benítez, asesor de la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, señaló que como evidencias colectadas hay peces muertos, cambio de dirección de vegetación e instalaciones irregulares.
Por ejemplo, confirmaron que en uno de los establecimientos, cuando se fue el Mades a verificar, había 3 máquinas de bombeo de agua. Pero cuando la comisión se fue, apareció una más.
“En el reservorio aparecía más agua que en el río”, recalcó. Comentó que la idea es presentar los resultados en una audiencia publica, y evidenciar que fiscalizadores no ven lo que ocurre. Les llama la atención que el gobierno, a través del Mades, solo aplica ley de impacto ambiental, pero no la ley de recursos hídricos, que es la que tiene que otorgar el uso y concesión.
“La ley dice que para uso de recursos hídricos debe haber permiso, no usar la declaración de impacto ambiental para eso”, criticó Benítez.
De ocho empresas verificadas, cinco tenían irregularidades
En el recorrido se encontraron que se estuvo sacando agua del río Tebicuary, cuando está prohibido en un momento como el actual de sequía. Hallaron correas de equipos que evidencian que puede estar en funcionamiento un sistema para extraer agua. “Se ven peces muertos, hasta sedimento están trayendo. Se pide rigurosidad en los controles”, apuntó.
Citaron algunas de las firmas como Empresa Agrícola Algisa, Farmer S.A., Agroplus S.A., entre otras.
Estas actuaciones se hicieron basadas en denuncias ante la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores sobre daños por la sequía, bombeo de agua de los ríos, incendios de bosques, pastizales y humedales.
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