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El juez de Garantías Yoan Paul López atendió la acusación presentada por el fiscal Luis Chamorro y la querella adhesiva representada por los familiares de María Sol Chávez Franco, y elevó a juicio oral y público la causa por supuesto homicidio doloso que afrontan la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez (54 años) y la bioquímica Sandra Natalia Hermosa.
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El magistrado rechazó los incidentes planteados por las defensas, como la nulidad absoluta de la acusación y el sobreseimiento definitivo de las acusadas; como también lo planteado por la fiscalía, que solicitó la exclusión de varias pruebas de la defensa.
Hipótesis de la fiscalía
La acusación del Ministerio Público detalla que la odontóloga acusada le confirmó a la paciente el gramaje y la forma de consumo, incluso le indicó que su cuñado, también de profesión médico, le haría una transcripción de la receta a los efectos de conseguir un descuento.
La víctima empezó a consumir el ingrediente recetado el 9 de abril de 2021, a las 15:00, y para las 17:00, de ese mismo día, comenzó a sentirse mal; tenía náuseas, vómito, diarrea, mareos y escalofríos, por lo que fue trasladada inmediatamente al Sanatorio San Martín, de Asunción.
Se le practicó el lavado gástrico, luego comenzó a descompensarse y sufrió un paro cardiorrespiratorio, se intentó reanimarla, pero falleció a las 22:15, según el certificado de defunción.
El Ministerio Público señala además que el preparado magistral fue formulado en dosis de 500 mg en cada cápsula, siendo la encargada de su evaluación y manipulación la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa, quien habría autorizado la elaboración del mencionado producto, el cual al ser consumido por la víctima le causó la muerte.
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La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos para la elaboración de preparados magistrales, sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo; en especial aquel que habla de la solicitud de confirmación y justificación por escrito del prescriptor de la receta cuando la dosis requerida pueda poner en peligro la vida del paciente.
Además, omitió comunicar de manera efectiva y clara a la víctima fatal, que los comprimidos por ella autorizados, no deberían ser consumidos directamente en la dosis solicitada sin advertencia de los riesgos.
El 11 de abril se realizó la autopsia al cadáver en la Morgue Judicial del Ministerio Público, por orden de la jueza Inés Galarza Careaga, por pedido del fiscal Luis Fernando Chamorro Candia, y el resultado de la verificación forense se ingresó como anticipo jurisdiccional de prueba.