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El pasado jueves 27 de enero, los fiscales a cargo del caso del presunto desvío de US$ 1 millón de fondos covid-19 por el cual Hugo Javier González está imputado, lo convocaron a prestar declaración indagatoria este viernes 4 a las 9:00.
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El gobernador centralino, a menos que presente algún justificativo válido, está obligado a presentarse a la Fiscalía, de lo contrario puede ser declarado en “rebeldía”.
Hasta el momento, no cuenta con medidas privativas de libertad, ya que los fiscales solicitaron como una de las pocas medidas, la prohibición de ingreso a la sede de la Gobernación, la cual ni siquiera se aplicó aún, por las recurrentes chicanas que impiden hasta ahora la realización de la audiencia de imposición de medidas.
El Nº 2, pese a seguir en funciones de jefe departamental, está prácticamente desaparecido de la vida pública desde los últimos meses del año pasado. Una de las últimas veces que se presentó ante la ciudadanía y la prensa fue cuando compareció ante la Cámara de Diputados para ser salvado del pedido de intervención a su gestión.
Una imputación y varias causas abiertas
El caso por el que está citado a declarar es por imputación por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa, por el presunto desvío de parte de unos US$ 1 millón de dólares (G. 6.382 millones aproximadamente) de fondos para la reactivación económica durante la pandemia de covid-19, que fueron otorgados por el Ejecutivo.
En dicha causa, que es investigada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, Hugo Javier está imputado junto a otras 14 personas. Los demás imputados son funcionarios de la Gobernación, representantes de la oenegé Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y contratistas.
La imputación detalla millonarios desembolsos a CIAP, que habría fraguado facturas falsas e incluso hecho figurar obras ya realizadas previamente para intentar justificar el destino del dinero.
En otras líneas investigativas que aún no llegaron a la imputación, la Fiscalía también indaga a otras varias oenegés (Asociación Plantemos Conciencia, Asociación Tekove Servicio de Acción Social y al Consejo de Salud del departamento Central) que habrían repetido el mismo esquema con la Gobernación de Central, pero en dicho caso con relación al cuestionado destino de fondos propios de la jefatura departamental que ascienden a G. 18.300 millones.
Advertido por Tribunal de no buscar juez a medida
Mediante innumerables chicanas, el gobernador de Central Hugo Javier González ha evitado desde inicios de noviembre del año pasado la realización de su audiencia de imposición de medidas, lo cual ya ha colmado un poco la paciencia del Tribunal que estudió su último incidente, llegando al punto de advertir a los abogados defensores del político.
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Ya sea por “enemistad” o “amistad entre los magistrados y los abogados defensores o recusaciones, en esta causa se ha logrado ya apartar a los jueces penales de Garantía especializados en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, Humberto Otazú y Cecilia Ocampos.
Además, en dos ocasiones recusaron a la actual magistrada a cargo, María Elena Cañete, pero en este último caso no lograron apartarla y en estos días debe fijar fecha para la audiencia.
No obstante, el Tribunal de Feria integrado por los jueces Gustavo Santander, Agustín Lovera Cañete y Andrea Vera Aldana, que rechazó la última chicana planteada por los abogados Arturo Daniel y Andrés Casati, advirtió a ambos que dejen de incidentar y les recordó que buscar un juez a medida es ilegal.
“El instituto de la recusación no puede servir de instrumento, en ningún caso, para apartar a un juez de una causa determinada”, decía parte del fallo, que agregó que le “está vedado a las partes otorgarse el juzgador que más le acomode o le complazca”. El Ministerio Público había solicitado como medida “urgente” impedir el acceso del Nº 2 a la sede de la Gobernación, y ni siquiera eso aún ha podido concretarse.