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Paradójicamente, los cinco gobernadores que eran originalmente militantes del entonces movimiento Colorado Añetete, que fueron electos en las elecciones generales del 21 de abril del 2018, fueron “fichados” por el expresidente Horacio Cartes, líder de Honor Colorado (HC). De 17 gobernaciones, 13 son coloradas, de los cuales diez son cartistas y tres oficialistas (ver infografía).
El primero en abandonar el barco oficialista fue Juan Carlos Vera, gobernador de Guairá. Lo hizo en las internas municipales del año pasado. En plena pandemia usó G. 750 millones de los fondos de reactivación económica para adecuar la lumínica del estadio en donde juega Guaireña Fútbol Club. Lo justificó argumentando que el club en Primera genera impacto en la microeconomía, pero también destinó G. 582 millones de estos mismos recursos para montar un gimnasio que quedó inconcluso.
Desembolsos en tiempo récord, deficiencias documentales y ONG integradas por personas vinculadas al gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez, quien también dejó el oficialismo.
La incorporación al cartismo coincidió con publicaciones periodísticas que señalan supuestas anomalías detectadas en la rendición de cuentas de los G. 12.764 millones del fondo covid entregados a los administradores políticos del XIV departamento. Por ahora, la Fiscalía no asoma las narices.
Otra reciente “incorporación” a HC es el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken. Según recientes publicaciones periodísticas del grupo perteneciente al expresidente Cartes, los recursos de emergencia de G. 6.334 millones de la Gobernación de Alto Paraná se distribuyeron entre dos comisiones, en las que aparecen mismos integrantes y entre ellos funcionarios leales al jefe departamental. También dejó el oficialismo el gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, quien se mudó de carpa debido a una fuerte disputa personal con el diputado Freddy D’Ecclesiis, quien aspira al cargo de gobernador.
El “último” pase a HC es del gobernador de Caazapá, Pedro “Pipo” Díaz Verón, quien dejó el oficialismo aparentemente porque le sobreviene una imputación por supuestas irregularidades en su gestión. La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron el 14 de enero la sede de la Gobernación de Caazapá. Fue luego de las denuncias sobre el presunto mal uso de alrededor G. 12.764 millones.