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El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del segundo turno, José Agustín Delmás Aguiar, por expreso pedido del agente fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, aplicó medidas alternativas a la prisión y concedió el arresto domiciliario para José Raúl Vargas Ruiz Díaz, auxiliar fiscal, imputado por cohecho pasivo y extorsión.
El juzgado, igualmente, impuso al imputado la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial, prohibición de cambiar de domicilio, prohibición de comunicarse por ningún medio con el denunciante Alberto Flores y caución juratoria del imputado Vargas Ruiz Díaz.
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Por otra parte, el auxiliar de Fiscalía Edert Guerrero se entregaría hoy en Delitos Económicos de la Policía Nacional.
Hechos
El 13 de enero de 2022 el señor Alberto Dejesús Flores fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa N° 144/22 “Alberto Flores s/ violencia familiar”, asignada a la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Itauguá a cargo de la agente fiscal Blanca Aquino, oficina hasta donde concurrió el día 14 de enero de 2022, a las 7:30 horas, aproximadamente.
En dicha oportunidad, dos funcionarios fiscales, identificados como José Raúl Vargas Ruiz Díaz (auxiliar fiscal) y Edert Guerrero (asistente fiscal) le habrían solicitado sumas de dinero a Flores para no quedar detenido en ese momento y para una salida más favorable en dicha causa penal. Específicamente, Edert Guerrero le había dicho que la denuncia en su contra era muy grave y que podría ir preso hasta 15 años por el hecho de violencia familiar, además le indicó que en ese momento se quedaba en carácter de detenido en la Unidad Fiscal y que no podía retirarse del lugar.
Posteriormente, Edert le derivó con su compañero, el funcionario José Raúl Vargas Ruiz Díaz, quien le indicó que podrían solucionar el problema si en ese momento tenía la suma de G. 10 millones para entregarle, y ante esta petición, el señor Alberto Flores dijo que no contaba con esa suma y que solo podría conseguir hasta la suma de G. 5 millones.
En el entendimiento de que este monto correspondía a algún tipo de fianza propia de un proceso penal y ante las manifestaciones de los funcionarios fiscales acerca de la gravedad de la situación procesal, el señor Alberto Flores hizo entrega de la suma de G. 1 millón a Eder Guerrero, y acordó con este entregas posteriores de dinero hasta completar la suma de G. 5 millones. En esa oportunidad, el funcionario Edert Guerrero habría formalizado un acta de comparecencia del señor Flores ante dicha unidad fiscal.
En fecha 18 de enero de 2022, en horas de la mañana, Alberto Flores nuevamente concurrió a la Fiscalía de Itauguá e hizo entrega al mismo funcionario (Guerrero) de la suma de G. 2 millones, quedando pendiente una última entrega de G. 2 millones para el día viernes 21 de enero de 2022.
Las comunicaciones para acordar la entrega del dinero con el funcionario fiscal Eder Guerrero se realizaban a través de llamadas telefónicas desde el numero 0981….197 a la línea celular usada por la víctima.
Tras comentar lo sucedido con personas allegadas que le sugirieron formular denuncia, el señor Alberto Flores comunicó el hecho al Ministerio Público en fecha 20 de enero de 2022 y en el marco de las investigaciones iniciadas, el Juzgado Especializado en Delitos Económicos dispuso la intervención y grabación de comunicaciones, en cuyo contexto, en fecha 21 de enero de 2022, el imputado Edert Guerrero se comunicó con Alberto Flores, a quien indicó que efectuara la entrega de la suma de G. 2 millones a su compañero José Raúl Vargas, con quien habría conversado el día que compareció hasta la Fiscalía.
La entrega vigilada, dispuesta judicialmente, fue efectuada en fecha lunes 24 de enero de 2022 en sede de la Fiscalía zonal de Itauguá, donde el señor Alberto Flores entregó la suma de G. 2 millones a José Raúl Vargas, siguiendo las indicaciones de Edert Guerrero, y en ese momento se inició el procedimiento fiscal juntamente con los agentes policiales del Departamento Especializado contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, hallándose en uno de los compartimientos del escritorio del citado funcionario la suma de G. 2 millones, correspondientes a los billetes autenticados por el juzgado interviniente.