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A pedido de la abogada Jazmín Acosta Britto, el exparlamentario Carlos María Soler solicitó autorización para ir de vacaciones con su familia a la ciudad de Camboriú, Brasil, en el periodo comprendido entre el 4 y el 14 de febrero próximo y presentó constancia de reserva de alojamiento.
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La fiscala Marlene González no se opuso a la petición de la defensa, en atención a que se encuentra vigente una fianza real (garantizada con un inmueble) de G. 200 millones. Asimismo, resaltó que el procesado ya había sido beneficiado en una ocasión anterior con un permiso similar y cumplió la condiciones establecidas por el juzgado.
Doble fianza
No obstante esta situación, la jueza penal de sentencia Elsa García decidió imponer una fianza personal de G. 100 millones a la esposa de Soler, Mirta Mendoza de Soler.
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Respecto a la fianza real de G. 200 millones, la magistrada constató que si bien el 6 de noviembre del 2019 el juzgado de garantías dispuso decretó el embargo sobre la referida propiedad, hasta ahora no se procedió a la inscripción correspondiente en la Dirección General de los Registros Públicos, por lo que remitió el oficio pertinente para su cumplimiento dentro de las 24 horas.
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El inicio del juicio oral y público de Carlos Soler está previsto para el próximo 24 de abril 2022 y estará a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por la Dra. García e integrado por sus colegas Claudia Criscioni e Yolanda Portillo como miembros titulares.
El juzgamiento es por cohecho pasivo agravado, durante la gestión del exparlamentario como gerente de créditos del Instituto del Desarrollo de la Tierra (Indert). Además de Soler, también está acusado el exdirector regional del Chaco de la misma institución, Enrique Gómez de la Fuente.
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A mediados del año pasado, la Cámara de Apelación declaró inadmisibles dos apelaciones planteadas por las defensas de ambos contra la resolución de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, que estableció que enfrentarán juicio oral por un supuesto pedido de coima de 20.000 dólares para adjudicar propiedades en la región Occidental.
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Antecedentes del caso
En octubre de 2019 el estanciero Albino Méndez denunció que el exdiputado Carlos María Soler le pidió una coima de US$ 20.000 para conservar dos lotes del Indert en el Chaco.
Según la denuncia que presentó Méndez, el proceso había quedado sin efecto porque no pagó la supuesta coima solicitada por los altos funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural.
La acusación en contra de Soler y Gómez de la Fuente fue presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Leonardi Guerrero, por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado.