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A partir de la mañana de este lunes 17 de enero, 9 profesionales del área contable del Poder Judicial se encuentran en el local del Colegio de Escribanos del Paraguay, trabajando sobre una pericia que debe servir para cuantificar el monto exacto que le debe este gremio a la Corte Suprema, por la venta de materiales de uso notarial que estaba a cargo de los escribanos.
El grupo de peritos contables está a cargo del funcionario del Poder Judicial Luis Gamarra. De igual manera, otro grupo de profesionales, por orden del Colegio de Escribanos, realiza un trabajo pericial paralelo. En total son 14 los funcionarios que se encuentran trabajando para determinar el monto que este gremio le debe a la Corte. El análisis contable forma parte de la demanda de “rendición de cuentas” que le entabló la Corte al Colegio de Escribanos.
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La demanda judicial de la Corte, a su vez, derivó en una denuncia penal ante el Ministerio Público promovida por los actuales miembros del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, el 10 de enero pasado, contra los responsables que no previsionaron el 70% de lo percibido por la venta de materiales de uso notarial, que debía ser derivado a la Corte, cuya actividad había sido delegada a los escribanos a partir de 1999, a través de una acordada.
El monto reclamado por la Corte en la demanda de rendición de cuentas es de casi G. 50.000 millones, a los que deben sumarse los gastos de justicia, con lo que llega a los casi US$ 8 millones, según la estimación realizada por el Poder Judicial de lo que cree se habría obtenido por la venta de los mencionados materiales.
En la demanda de rendición de cuentas, el Colegio de Escribanos, que preside Jorge Augusto Miller Donna, se había allanado a la pretensión de la Corte, en cuanto al reclamo de su dinero. Sin embargo, el gremio dejó en claro que lo que se va a discutir judicialmente es el monto que se debe pagar a la Corte por la venta de los materiales de uso notarial.
Por su parte, los exmiembros del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, quienes no habrían previsionado el dinero para la Corte, por medio de un acta notarial, intimaron el 14 de enero al presidente del gremio, Miller Donna, para que se retracte o ratifique sobre publicaciones periodísticas que señalaban a los exdirectivos de haber perpetrado los delitos de lesión de confianza y apropiación por no haber remitido lo percibido por la venta de materiales. Sin embargo, la denuncia penal puesta a conocimiento del Ministerio Público es sobre “personas innominadas”.
Es así que en el ámbito civil se dirimirá el monto que debe remitir el Colegio de Escribanos a la Corte Suprema, por la venta de materiales de uso notarial. En el fuero penal, se determinará la responsabilidad por supuestos hechos punibles (lesión de confianza o apropiación, u otros hechos) en el que pudieron haber incurrido anteriores directivos del gremio por el presunto desvío de los fondos obtenidos.