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Los integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, representante del Ministerio de Hacienda y presidente de la comisión; Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben); Rubén Antonio Roussillón Blaires, de gobernaciones; Ricardo Núñez Giménez, de municipios, y Omar Mongelós González, del Ministerio del Interior, no tomaron ninguna medida con relación a los contratos cuestionados por diversas instituciones, a las que recientemente se sumó también el Ministerio Público (MP).
Se trata de los contratos de la adjudicación de la quiniela a Technologies Development of Paraguay SA (TDP), y el de “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos, a cargo de la firma iCrop SA, cuyo representante legal es Humberto Acuña y los accionistas son Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu.
Esta información se pudo corroborar al constatarse que la comisión no sesionó en los últimos días. Incluso, el departamento de Recursos Humanos de la institución confirmó a ABC que Ortiz y otros seis funcionarios se encuentran aislados debido a sospecha de covid-19.
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Los cuestionamientos
La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó ya en octubre de 2020 que la comisión no haya controlado el pago impositivo que las concesionarias de juegos de azar debían destinar a veteranos de la Guerra del Chaco (Ley N° 431/73). La firma TDP, a través de sus voceros, argumenta que al momento de la adjudicación fueron presentadas todas las documentaciones exigidas.
En 2021 la Contraloría emitió otro dictamen en el que cuestionó el contrato directo otorgado para la explotación de tragamonedas en todo el país, y la violación de la normativa al permitir su uso en sitios prohibidos y la exposición de niños y adolescentes a la influencia de las citadas máquinas.
En similares términos, la Secretaría Anticorrupción (Senac) y la la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) cuestionaron la medida, e incluso fue motivo de interpelación a Ortiz en la Cámara de Senadores, y ante la inacción del Ejecutivo los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Baccheta denunciaron a la Fiscalía las irregularidades.
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El Ministerio de la Niñez y Adolescencia, a cargo de Teresa Martínez, denunció la exposición de los niños y adolescentes a apostar en los tragamonedas y el potencial desarrollo de adicción a las apuestas. Hasta el momento, no se comprobaron operativos que protejan a esta sensible población.
Los procesados
La fiscala María Estefanía González procesó a los integrantes de Conajzar, Raúl Mariano Silva Busto, exmiembro, y a Sergio Coscia, exprocurador General de la República. Estos dos últimos por avalar la adjudicación de la quiniela y la reducción del canon en pandemia, respectivamente.
