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“La decisión de apelar está siendo analizada por la empresa reaseguradora (Westport Insurance Corporation de Suiza), quien es la ordenante de esta demanda. Si bien hay muchos elementos para apelar la resolución, estamos analizando la conveniencia o no de ello”, explicó el asesor jurídico de Royal Seguros, Sergio Recalde.
El juez Hugo Garcete, responsable del Juzgado Civil y Comercial del 11º Turno de la Capital, dictó el miércoles último una sentencia sobre la demanda de pago por consignación que presentó en mayo del año pasado la aseguradora Royal Seguros. Con esta acción, la aseguradora pretendía frenar el pago de G. 40.390 millones (US$ 6 millones al cambio actual) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondientes a la póliza de fiel cumplimiento del fallido metrobús.
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Concretamente, Royal buscaba que el juzgado condicione el pago de esa caución a las resultas de un arbitraje internacional en curso entre la firma portuguesa Mota Engil (ex contratista del metrobús) y el MOPC, es decir, pretendía esperar la sentencia del arbitraje y solo pagar la millonaria póliza si el Tribunal Arbitral sale a favor del Estado paraguayo.
En este sentido, Recalde señaló: “Royal Seguros nunca tuvo la intención de evitar el pago. Si esa hubiera sido la intención, se hubiera comunicado el rechazo en su tiempo, y no se hubiera hecho el pago que se hizo en el 2020. Royal Seguros solo quería tener la certeza jurídica de que correspondía o no el desembolso, pese a que el MOPC reconoció haber incumplido el contrato de obra, además de tener en su contra una medida cautelar del arbitraje que le prohíbe retirar ese importe”, expresó.
“Con esta sentencia de primera instancia hay una orden judicial que reconoce que aún está pendiente de discusión quién es el responsable de la obra inconclusa y, pese a que el MOPC tiene prohibido recibir ese dinero por disposición del tribunal arbitral, lo puede hacer asumiendo el riesgo de ser sancionado, tal vez incluso perdiendo la demanda arbitral y con la obligación de devolver con intereses el monto consignado”. agregó.
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¿Qué oculta el Procurador?
Mientras tanto, el Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero, se niega a brindar explicaciones a la ciudadanía sobre lo que harán tras esta sentencia del juzgado y también evita informar sobre la situación actual del arbitraje con Mota Engil, caso en el que la empresa reclama US$ 25 millones al Estado, por supuestos incumplimientos del contrato en la obra del metrobús.
Hoy, una vez más intentamos contactar con el alto funcionario, pero no obtuvimos respuesta alguna, para colmo tampoco admite entrevistas a través de su departamento de Comunicaciones. ¿Qué es lo que oculta el Procurador? es la consulta que surge ante su llamativo silencio.
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El MOPC rescindió el contrato del metrobús en febrero de 2020, cinco meses después de que las obras se hayan paralizado, porque la portuguesa Mota Engil se negó a prorrogar la garantía de Royal. Tras esta decisión, la cartera reclamó las garantías del anticipo (Banco Itaú) y la garantía de fiel cumplimiento de contrato (Royal). Itaú devolvió en dos pagos unos US$ 6 millones, luego de amenazar con demandas por parte del Estado y Royal resolvió depositar los US$ 6,2 millones en una cuenta judicial, con lo cual se inició la demanda del pago por consignación.
