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El ministro Carlos Pereira presentó esta mañana su informe de gestión 2021, a un año de asumir el cargo en plena vigencia de la pandemia sanitaria. En conversación con ABC, recordó el contexto de ese entonces, que debido a la pandemia sanitaria, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) se sometió a un recorte del 35% del presupuesto y también se redujo en US$ 30 millones la donación que tenía de la República de China Taiwán para viviendas, recursos que fueron direccionados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria. “Creo que el Gobierno ha reaccionado como corresponde con un brote, en pandemia, la prioridad y la practicidad exigía del proceso sea así”, expresó.
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Añadió que mientras se realizaban los procesos para disponer del dinero, a cargo de Hacienda, el MUVH se abocó a modificar el reglamento para incorporar medidas que permitan una mayor transparencia en la gestión del dinero público.
Destacó que se incorporó la tecnología para monitorear las obras desde el inicio, durante desarrollo y hasta la conclusiones de las obras del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis). “Consideramos necesario porque se encontraron obras inconclusas, rescindidas y paralizadas. Además, todo ese primer trimestre fui muy golpeado por un aparente falta de ejecución pero es importante recordar que en marzo es cuando se incluye en el presupuesto y recién en abril Hacienda emitió los bonos para disponibilizar y convertir en efectivo esos recursos”, recordó en alusión a que se le cuestionaba por no usar dinero, que en realidad aún no tenía a su disposición.
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Mencionó que se realizó una auditoría interna, para posterior revisión de la Auditoría del Poder Ejecutivo (PE), con el fin de verificar las primeras adjudicaciones que se dieron ya con la nueva reglamentación y que se obtuvo que el nivel de control interno es satisfactorio. “Nos puso tranquilos en el desafío de ejecutar los US$ 47 millones del plan de reactivación económica prácticamente en un trimestre”, comentó. Esos recursos ya fueron totalmente comprometidos y ahora se aboca a la ejecución de otros US$ 18 millones, que se disponen en el marco de la Ley de Consolidación Económica.
Con relación a la tarea en la cual se abocará en el próximo 2022, respondió que será la reforma de la carta orgánica de la institución, de modo que cuente con mayor autonomía y pueda emitir bonos. La idea consiste en que la cartera pueda captar recursos del sector privado y constituir mediante fideicomiso para llevar adelante las edificaciones en predios del MUVH, y de esta manera, rentabilizar los activos que hoy tiene la institución. Una vez concluidas esas construcciones, se transferirían esos recursos emergentes a Hacienda. Es decir, en vez de pedir dinero, se daría rentabilidad por el plusvalor que adquirió el inmueble, explicó.
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Pereira destacó que de esta manera, se busca dar una respuesta a la clase media. Así mismo, comentó que desea implementar subsidios para ayudar a construir a la gente que ya tiene terreno, ya que con los subsidios otorgados a este sector con parte del Proyecto AMA -BID se detectó que mucha gente no quiere comprar una nueva casa sino que quiere construir en el terreno que ya tiene, aseguró. “Queremos abocarnos en generar los instrumentos legales para mejorar las respuestas en materia inmobiliaria”, sostuvo.
Reducción de morosidad
Al iniciar el año, se reportaba un 94% de morosidad de los beneficiarios de la institución según registros históricos y mediante gestiones encaradas por el ministerio, ese porcentaje se redujo a 64%. Para Pereira, se trata de una reducción importante y anunció que se seguirá trabajando en ese sentido.
Este punto es uno de los aspectos más sensibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR) en su auditoría hecha al ejercicio fiscal 2019, durante la administración de de Dany Durand. El informe revela que no se detectaron gestiones para recuperar créditos otorgados, además de concretar transferencias a proveedores inhabilitados y sobrefacturaciones de viviendas sociales. La investigación está a cargo de la fiscala Alma Zayas.
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