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La fiscal Stella Mary Cano acompañada de policías se constituyó esta tarde en la casa de la familia Sopeña ubicada en el cuarto barrio de Luque, al lado, de la propiedad de casi cinco hectáreas, que le fue despojada a la familia Sopeña, mediante un mandamiento de desalojo presumiblemente falso, el pasado 1 de diciembre.
La agente investiga un caso denunciado por Mariano Sopeña en junio de este año y la causa fue caratulada como “Denis Santiago Giménez Cardozo s/ estafa y otros”. Es más, Cano de Woitas, imputó a Giménez Cardozo en julio de 2021, de profesión abogado, por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos.
El letrado había iniciado un juicio ejecutivo para cobrar un pagaré por el monto de G. 3.000 millones, supuestamente firmado por Ángel Sopeña Quesada (padre de Mariano, que falleció en 2019) el 8 de febrero de 2018, en representación de la empresa “Formasa SA”. La Sociedad Anónima pertenece a la familia Sopeña y fijaba residencia en el inmueble de casi cinco hectáreas, que fue adquirida en 1991.
Según Mariano, se demostró que la firma atribuida a su padre en el pagaré fue falsificada, por los que realmente quieren apropiarse de su propiedad.
Llamativamente, esta tarde, la agente Stella Mary Cano, allanó la casa del denunciante, Mariano Sopeña, “a fin de proceder a la incautación de evidencias y objetos relacionados al hecho investigado, como ser: poderes otorgados por el señor Mariano Sopeña Irala, documentos relacionados a juicios de la firma Formasa SA, documentos, contratos o poderes otorgados a Denis Santiago Giménez, como otros elementos relevantes para la investigación”, dice la orden a allanamiento firmado por el actuario judicial Edgar Sosa y el juez penal Julián López Aquino, del Juzgado Penal de Garantías Nº 12 de Asunción.
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“Esta Stella Mary Cano es la sicario de la Fiscalía. Ya teníamos la información de que ésta fiscala le quiere imputar a Mariano. Ellos inventaron un documento en la causa penal de los G. 3.000 millones, donde supuestamente Mariano le entregó el pagaré a Gilda Bodón Roux (cuyo estudio jurídico representa a Mariano en la causa), para ejecutar el pagaré y rematar la propiedad y él quedarse con la propiedad. Y Marino no necesita hacer eso porque él tiene el poder de la SA para transferir la propiedad y vender, y de hacer lo que quiera del inmueble, porque es el dueño, es el heredo”, dijo Eduardo Bernal, abogado de Sopeña.
“Le van a plantar documentos”
El defensor Bernal, dijo de forma contundente que “Gilda tramó con la fiscal Stella Mary Cano un documento por el cual supuestamente Mariano le entrega el pagaré”.
“Entonces ahora van y allanan el domicilio de Mariano y llevaron todos los estudios psiquiátricos de su hermano y ahí le van a plantar este documento que supuestamente Mariano tenía guardado. Este allanamiento fue para blanquear y plantarle documentos a Mariano. Quiere dejarle a Marino como un bandido y lo quiere imputar. Ellos están blanqueando la venta de la propiedad. ¿Por qué allanarle? Si le puede pedir directamente los documentos que necesita a Mariano”, manifestó Bernal.
El abogado Eduardo, calificó el procedimiento de “ridículo y sin ningún sentido, pagado por la gente investigada en la causa de adulteración”. Indicó además que “la fiscal Cano está siendo usada para banquear a la red de delincuentes, de mafiosos”.
Intentó arrestar a un interdicto
Mariano Sopeña manifestó para ABC que la fiscal Stella Mary Cano intentó detener a su hermano Pedro Sopeña, quien padece de discapacidad por psicosis delirante crónica, de acuerdo a un documento judicial. Su representante legal es su madre, Perla Irala. Incluso el paciente estuvo internado vario meses, luego en 2019 se solicitó su interdicción, que finalmente en abril de 2020 fue concedido.
Cano y Bordón serían amigas
Según fuentes fidedignas, Stella Mary Cano y Gilda Bordón, abogada y dueña del estudio jurídico “BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados” de Gilda Bordón”, serian amigas y el procedimiento realizado hoy se trataría de “un contraataque” hacía Mariano Sopeña.
Mariano es víctima y querellante en la causa que investiga la agente Cano. La denuncia que fue presentada por los abogados Miguel Insaurralde y Vicenzo Serrati (hijo de Gilda), representantes de Formasa SA., ambos letrados forman parte de Bordón Roux & Serrati Asociados, afirman.
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Los denunciantes aseguraron en su momento que la firma del pagaré no correspondería al ex apoderado de la empresa Formasa SA., como tampoco el sello, y que se habría utilizado con el fin de vincular ilícitamente a la firma con la supuesta operación de crédito para obtener un beneficio patrimonial indebido por parte del imputado. La fiscal Cano solicitó medidas alternativas para el imputado Denis Giménez, entre ellas una caución real por la suma de G. 1.000 millones.
También, Cano estaría en pleno conocimiento de las evidencias que vinculan al estudio jurídico de Gilda Bordón en una nueva causa, donde la familia Sopeña fue despojada de su propiedad mediante un juicio que nunca existió, aseveran. Además existiría “una presión política para solucionar como sea” el caso.
Intentamos confirmar las versiones y llamamos a la fiscal Stella Mary Cano de Woitas, pero no contestó las llamadas a su celular.
“Desaparecieron” computadoras y circuito cerrado
La Fiscalía de Luque, allanó la semana pasada el estudio jurídico BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados” de Gilda Bordón, de donde se incautó varios elementos vinculados a la causa de producción y uso de documentos no auténticos para la ilegal apropiación de una propiedad de casi cinco hectáreas que pertenece a la familia Sopeña, desde 1991.
Pero, llamativamente, las computadoras de las lijosas oficinas de BRS y la grabación del sistema del circuito cerrado, desaparecieron, pero se olvidaron de llevar los mouses de los equipos informáticos.
También se encontró varios talonarios de cheques que decían “regalías para el Juzgado de Paz de la Catedral”, además de una agenda en la oficina de Gilda, donde se escribió a mano, “Formasa SA” y se dibujó “con flechitas” cómo realizarse una transferencia.
Cabe destacar que Gilda Bordón Roux, fue abogada, hasta el 30 de noviembre de este año, de Mariano Sopeña. La presunción del Ministerio Público es que el estudio jurídico habría sido el responsable de producir los documentos falsos para “llevar a cabo” el juicio ficticio.
Bordón Roux, sin formar parte del proceso, es decir, sin ser imputada, recusó a los fiscales de la causa, Sandra Ledesma, Sophia Galeano y Augusto Ledesma Blasser.