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La acusación por evasión de impuestos y asociación criminal está dirigida contra Liz Paola Doldán, Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio Vera Melgarejo.
Todos son representantes y socios de las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, que evadieron impuestos entre 2017 y 2019 por G. 61.808.381, G. 4.633.636.582 y G. 690.298.472, en ese orden.
Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz también acusaron y pidieron juicio oral y público para Reinaldo Páez Velázquez, por evasión de impuestos.
Paéz representa a P&D Import SA, que entre los años 2018 y 2019 realizó 35 operaciones de importación irregular que generaron una evasión impositiva de G. 6.152.466.740, en concepto de Iva e Iracis (renta empresarial), según acusación.
Por otra parte, para Juan Andrés Nogués Mazier, Miguel Gustavo Gayol Buggia, Armín Arnulfo Vera Franco, Blas Ariel Ferreira Barrientos, Richar Robert Roux Riquelme e Ignacio Derlis Alfonso Melgarejo -procesados por contrabando, lavado de dinero y asociación criminal- la Fiscalía pidió sobreseimiento definitivo.
Este proceso es una derivación del Operativo Llamada, realizado el 23 de julio del 2019, cuando fiscales y policías allanaron en forma simultánea 13 establecimientos de Ciudad del Este y dos de Asunción, en una investigación de evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama por US$ 678.300.678. El caso fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Tras un año de investigación y constatadas irregularidades varias, de los 15 procesados sólo uno fue acusado (Carlos O’Higgins). Para el grupo encabezado por Doldán se pidió suspensión condicional, a cambio de que se comprometieran a pagar los impuestos y sobreseimiento para los demás.
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Preliminar, ante el juez José Delmás
Este caso se tramita ante el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos N° 2, José Agustín Delmás, quien debe fijar fecha para realizar la audiencia preliminar. Delmás había rechazado el primer requerimiento planteado en esta causa por la Fiscalía, tras sostener que la salida planteada para Liz Doldán y otros -la suspensión condicional del procedimiento- no era acorde al caso pues existía concurso (más de un delito).
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Por esta razón, la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien rectificó el requerimiento y planteó sobreseimiento provisional para todos, además de disponer nuevas diligencias para cerrar el caso.
En la “lista negra” de los Estados Unidos
En agosto pasado, el Gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y a los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, tras ser incluidos en la “lista negra” por corrupción y lavado de dinero.
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El primero fue apresado en el mismo mes en Ciudad del Este y ahora afronta un proceso de extradición a los Estados Unidos, donde está procesado por lavado de dinero.
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Los tres comerciantes de Ciudad del Este sancionados por los Estados Unidos por actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal tienen o tuvieron movimientos comerciales en la Triple Frontera.
En el caso de Kassem Mohamad Hijazi empezó a operar como cambista dentro de la comunidad árabe asentada en Ciudad del Este. Luego instaló una casa de cambios clandestina denominada Telefax SA Préstamos Prendarios, que fue clausurada en 2004. El brasileño seguía operando como importador en el edificio Salah I, ubicado sobre la avenida Adrián Jara de Ciudad del Este.
Liz Paola Doldán es fundadora y presidenta de Mobile Zone Internacional Import Export SRL, un local de electrónicos que ocupa salones de la galería Jebai Center, Ciudad del Este.
Otro de los sancionados, Khalil Ahmad Hijazi operó por varios años una empresa denominada España Informática SA, que en 1979 fue constituida como unipersonal y en 2004 pasó a convertirse en una sociedad anónima. Luego cambió su nombre a Apolo y actualmente está cerrada.