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El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor del diputado colorado Tomás Fidelino Rivas Benítez, presentó varios incidentes al inicio del juicio oral y público que afronta el parlamentario cartista acusado de supuesta estafa por haber hecho figurar como funcionarios de la Cámara Baja a tres caseros suyos.
El primer incidente planteado por el letrado es una excepción de falta de acción por incumplimiento de las exigencias integrales del artículo 347 del Código Procesal Penal (CPP), lo que según indicó conlleva a la nulidad absoluta de la causa y la extinción de la presente acción penal.
Argumentó el incidente con lo que establece el artículo 329 inciso 2° del CPP y resaltó que “el Ministerio Público no presentó todas las pruebas al momento de la acusación y no puede haber juicio sin acusación porque la acusación es nula”.
El segundo planteamiento de la defensa es un incidente de nulidad de la acusación, por supuesta inobservancia de la disposición del artículo 303 del CPP. Según lo que explicó Kronawetter, nunca se oyó a la víctima, que según la propia imputación del fiscal Luis Piñánez, es la Cámara de Diputados.
Kronawetter también interpuso una excepción de falta de acción basado en el artículo 329 inciso 2° del CPP, en concordancia con el artículo 347 del mismo cuerpo legal, con el fundamento de que la investigación sufrió una invasión de pruebas ilícitamente obtenidas.
El abogado defensor explicó que el fiscal del caso realizó varias actuaciones procesales sin que Tomás Rivas haya sido desaforado por sus colegas de la Cámara de Diputados. Agregó que estas actuaciones se dieron entre la denuncia presentada en contra de su cliente, el 1 de marzo de 2017, y la decisión de la Cámara Baja que retiró sus fueros parlamentarios al político investigado, el 22 de mayo de 2019.
Por último la defensa de Rivas ofreció como hecho nuevo un acuerdo de reparación del daño ocasionado, entre el legislador y la Cámara de Diputados, donde consta que el acusado de estafa devolvió el monto de dinero que sus caseros percibieron irregularmente como funcionarios del Legislativo.
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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro (presidente), Cándida Fleitas y Juan Carlos Zárate Pastor, correrá traslado al fiscal Luis Piñánez todos los incidentes planteados y luego de tener la contestación del agente del Ministerio Público resolverá cada uno de los planteamientos.
Según el Ministerio Público, el parlamentario cartista firmó las planillas de supuestas presencias de los funcionarios Reinaldo Chaparro, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González, en la Cámara Baja, cuando los mismos se encontraban en la estancia del diputado, en el interior del país.
En principio Piñánez acusó a Tomás Rivas por estafa, en calidad de autor, y cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice de sus tres “caseros de oro”. Sin embargo estos fueron condenados solo por el delito de estafa, por lo que el juez de Garantías Raúl Florentín resolvió que Rivas sea juzgado solo por la presunta comisión de este hecho punible.
Caseros están condenados, pero zafaron de la cárcel
Los “caseros de oro” Nery Franco, Reinaldo Chaparro Penayo y Lucio Romero Caballero fueron condenados el 28 de agosto de 2020 por el hecho punible de estafa, por el tribunal presidido por el juez Carlos Hermosilla e integrado por sus colegas Héctor Escobar y Wilfrido Peralta.
Sin embargo, en diciembre del año pasado los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón Fernández y Óscar Rodríguez Kennedy, integrantes del tribunal de apelación cuarta sala, anularon parcialmente la sentencia y ordenaron el reenvío del expediente para que se realice un nuevo juicio, pero solo con respecto a la pena.
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En el nuevo juicio fueron declarados culpables de estafa y condenados a 2 años, pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Es decir, ninguno de ellos irá a prisión.
El 22 de noviembre pasado dicha sentencia fue confirmada por unanimidad el tribunal de Apelación Penal, 4ª Sala, integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Gustavo Santander Dans y Pedro Mayor Martínez, confirmó la Sentencia Definitiva por la cual fueron condenados a dos años de prisión con suspensión los “caseros de oro”.