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Diputados opositores salieron al paso de una solicitud del gobierno de Mario Abdo Benítez de extender hasta el final del primer semestre del próximo año la declaración de “estado de emergencia” por la pandemia de covid-19, que en la práctica faculta al Ejecutivo a seguir realizando compras vía excepción y contratando a personal sin concurso.
Varios diputados opositores como Kattya González (PEN), Sebastián Villarejo (PPQ), Celeste Amarilla (PLRA) y otros consideraron que la situación epidemiológica actual no justifica el pedido, y coincidieron en considerar que lo que busca el Ejecutivo es seguir teniendo la posibilidad de hacer “vito” con el dinero público, como ocurrió en la Gobernación de Central, con el caso “tapabocas de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Si bien el proyecto de ley tiene puntos necesarios como el habilitar al Instituto de Previsión Social (IPS) a seguir con el pago de compensaciones para trabajadores afectados por la pandemia, existen otros controversiales que habilitan al manejo discrecional de dinero por parte del Gobierno.
“¿Vamos a seguir permitiendo que Hugo Javier (González) a través de una fundación de US$ 22 millones, entregue US$ 13 millones dólares vía excepción para que una oenegé de fachada pueda continuar con su vito?”, cuestionó González, citando solo uno de los caso de presunta corrupción durante este periodo de pandemia.
Los legisladores opositores agregaron que la posibilidad eventual de una tercera ola con el ingreso de la variante ómicron no es un justificativo para que el gobierno siga actuando de manera improvisada, y que ahora tiene tiempo para prepararse, sin necesidad de eludir los controles y atentar contra la transparencia.
Coincidieron además que en el caso de que se requiera una ley de urgencia, pueden aprobar en dos días como se hizo al inicio de la pandemia.El diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) fue uno de los que defendió la iniciativa del gobierno, alegando que el proyecto de Ley es necesario para seguir con la adecuación del sistema sanitario de cara a una eventual tercera ola.
Emergencia en penitenciarías sí se aprobó
Diputados aprobó ayer la extensión por un año más de la emergencia penitenciaria a nivel país, que faculta al Ministerio de Justicia a coordinar con otras fuerzas públicas la seguridad y el control de las cárceles.
El proyecto ahora pasa al Senado y en el caso de ser sancionado y promulgado, el Ejecutivo dispondrá de 15 días para establecer un plan de trabajo. Si bien el Ministerio de Justicia es la autoridad dentro de los penales, los militares pueden ayudar en el control perimetral, así como trabajar en conjunto con la Policía y otras instituciones en inteligencia.