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El Tribunal de Apelación, Tercera Sala en lo penal, integrado por los magistrados Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, admitió el recurso de apelación general planteado por el abogado José Enrique Sarubbi Duarte, quien ejerce la defensa de Rafael De Souza.
Por Auto Interlocutorio (AI) Nº 368 del 2 de diciembre, los camaristas rechazaron parcialmente el AI N° 652 de fecha 22 de setiembre del juez penal de garantías especializada en delitos económicos, José Agustín Delmás, en relación a los hechos punibles de asociación criminal y liberación de presos que le fueron imputados al brasileño.
Por otra parte, confirmaron parcialmente el AI con relación al hecho punible de tráfico ilícito de armas y hechos conexos, establecidos en la Ley N° 4036.
En su resolución, el juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás rechazó el pedido de que se declare la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de Rafael De Souza, que había planteado la defensa del mismo.
De Souza ya contaba con sobreseimiento provisional desde el 10 de setiembre de 2020, que fue resuelto mediante A.I. N° 481. En tal sentido, la defensa técnica del procesado solicitó que el mismo sea sobreseído de forma definitiva en la causa.
Sin embargo, según la opinión de los camaristas no se puede declarar el sobreseimiento definitivo de Rafael Marcos De Souza ante lo establecido en el artículo 362 del Código Procesal Penal, en su última parte. “En caso de delitos, si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura de la causa, el juez declarará de oficio, la extinción de la acción penal; este plazo se extenderá a tres años cuando se trate de crímenes”.
En ese sentido, el colegiado señaló que “en relación a los hechos punibles de tráfico ilícito de armas, hechos punibles conexos, arts. 98 y 99, respectivamente de la Ley 4036/10, atendiendo a que se tratan de hechos punibles considerados crímenes, de conformidad a lo establecido por el Art. 13 del Código Penal”, por lo tanto no cabe el pedido de sobreseimiento definitivo por parte de la defensa, pues aún no han transcurrido los tres años requeridos.
Es en este contexto que la Cámara revocó parcialmente asociación criminal y liberación de presos, pues son hechos punibles considerados delitos y ya transcurrió un año desde que se le otorgó a De Souza el sobreseimiento provisional, por lo tanto declaró extinta la acción penal para estos; mientras que por tráfico ilícito de armas y hechos conexos, considerados crímenes, aún no pasaron los tres años desde que se dictó el A.I. N° 481.
Involucrado en supuesto plan de homicidio
Rafael Marcos De Souza fue detenido e imputado en 2019, por asociación criminal, tráfico de armas y liberación de presos en carácter de cómplice, por el entonces fiscal Hugo Volpe, quien luego salió del Ministerio Público y en su lugar tomó las riendas del caso el fiscal Federico Delfino, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado.
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De Souza era dueño de un establecimiento de venta de artículos de caza y pesca en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, cuya licencia comercial ya había sido cancelada.
La investigación del Ministerio Público determinó que De Souza supuestamente iba a proveer de armas a una célula de la organización criminal Primer Comando da Capital (PCC), para atacar la cárcel de Cambyretã, en Itapúa, con el objetivo de rescatar a dos de sus líderes presos, Carlos Henrique Silva Cándido Tavares y Ozziel Rizzo de Sá.
El segundo acto de dicho plan del PCC contemplaba los asesinatos del exdiputado colorado Luis Villamayor y del fiscal de Encarnación Enrique Díaz.