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Hace más de un mes que los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera solicitaron como medida cautelar que el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y otros funcionarios de la Gobernación, todos imputados por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, sean apartados de sus respectivos cargos y no vuelvan a ingresar a la institución departamental. El petitorio es en referencia a la investigación de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondos COVID-19 otorgados por el Ejecutivo.
Pero hasta la fecha no se llevó a cabo la audiencia para la imposición de medidas debido a las chicanas planteadas por los sospechosos de corrupción. En primer lugar, el caso estuvo a cargo del juez José Agustín Delmás, quien se inhibió por “enemistad” con el abogado de Hugo Javier, el letrado Andrés Casati; entonces, el expediente fue a parar al despacho del magistrado Humberto Otazú y este también se apartó por la “amistad” que lo une a Martín Cabrera, defensor del contratista imputado José Félix Grau.
Ante esta penosa situación, el caso quedó a cargo de la primera jueza suplente Cecilia Ocampos, quien esta mañana confirmó que no atenderá la causa del gobernador de Central por la “amistad” que mantiene con el letrado José Ángel Dos Santos, defensor de Paulino Dos Santos Palacios Recalde (tesorero de la ONG CIAP que recibió parte de los fondos), imputado. La magistrada dijo que José Ángel es su abogado en un juicio particular que afronta.
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Tras esta nueva chicana, el expediente queda a cargo de la segunda magistrada suplente, María Elena Cañete, quien sorpresivamente está de vacaciones y recién se incorporará dentro de 15 días. Mientras tanto, Hugo Javier González y sus subalternos siguen asistiendo a la Gobernación, pudiendo acceder a todo tipo de documentos y recursos de la institución.
Hugo Javier y otras 14 personas fueron imputados el pasado 1 de noviembre por lo fiscales Estigarribia, Said y Cabrera, por cuatro hechos de corrupción. La medida fiscal tuvo lugar tras la investigación sobre la divulgación y confirmación de un rosario de irregularidades en torno a la rendición de cuentas de G. 6.382 millones, fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuentes de trabajo en Central y de esta manera contrarrestar los efectos de la pandemia.
El gobernador de Central, horas después del millonario desembolso, transfirió a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez (imputado) la suma de G. 5.105 millones para obras de infraestructura, a pesar de que Hugo Javier y su administración, sabían que la fundación no está habilitada para este tipo de servicios, según su estatuto social.
El Consejo Regional de Salud, dirigido por Hugo Cabrera, también fue beneficiado con G. 1.276 millones y tampoco está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), así lo confirmaron desde la Dirección de Descentralización de la cartera sanitaria.
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En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas a créditos que figuran como pagadas pero que en realidad no existen tales desembolsos, entre otras anomalías, confirmadas por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.
Este caso es una de las causales del pedido de intervención de la Gobernación de Central, planteado por 12 concejales departamentales de 21. Actualmente el petitorio está cargo de la Comisión Especial conformada por trece diputados de diferentes partidos políticos. En un par de semanas sabremos si la Cámara Baja se anima a aprobar la intervención de la administración del cartista, exanimador de fiestas, Hugo Javier.