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El allanamiento guarda relación con una denuncia que habían hecho los concejales departamentales de Central en octubre pasado a raíz de un informe de la Contraloría que indicaba que un total de G. 18.300 millones fueron transferidos a varias ONG sin respaldo documental.
Este es solo uno de los casos en que el gobernador cartista Hugo Javier González está salpicado por corrupción. El político está imputado por el Ministerio Público junto con otras 14 personas por lesión de confianza, asociación criminal y otros a raíz de denuncias por una serie de irregularidades sobre el manejo de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado), según confirma el acta de imputación fiscal.
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Gladys Villalba, periodista de ABC Color, había informado que desde 2019 el gobernador González adoptó a varias organizaciones sin fines de lucro para transferir millonarios fondos para la contratación de servicios.
Expertos presumen que la preferencia hacia las ONG nace de una intención de evadir los controles que establecen las normas legales vigentes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, recibió en 2019 más de G. 6.300 millones; la Asociación Plantemos Conciencia, presidida por Esteban Álvarez, recibió más de G. 2.100 millones; el Consejo Regional de Salud fue beneficiado con más de G. 3.200 millones, los Centros Educativos Departamentales Municipales recibieron más de G. 3.700 millones, la Comisión Nacional de Organizaciones Populares recibió G. 248 millones, la Asociación Ecodesarrollo recibió G. 64 millones y la Asociación Promoviendo Desarrollo Sostenible – AVANZAR se embolsó G. 268 millones.
El mismo modus operandi habría usado el gobernador con el dinero que transfirió el gobierno central con los fondos por COVID, es decir US$ 1 millón que habrían sido despilfarrados.
Actualmente también está en marcha un pedido de intervención de la Gobernación de Central, una medida aprobada por los concejales del departamento.