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El fiscal Rodrigo Estigarribia informó que fue suspendida la audiencia preliminar para el exasesor jurídico del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Aldo León, que debía desarrollarse el pasado lunes 22 de noviembre, debido a que su defensora, Sara Parquet, solicitó copias del expediente. Aún no hay nueva fecha para la diligencia.
Se trata del caso de pedido de coima de 200.000 dólares para dar trámite a la adjudicación de unas 16.000 hectáreas en el Chaco. Sin embargo, el pago no se llegó a concretar, pero que, conforme explicó el agente del Ministerio Público, ya constituye un delito debido el hecho de pedir el incentivo económico por desarrollar una atribución que es parte de sus funciones.
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León tiene otro proceso junto otras altas autoridades bajo la administración de Mario Vega Mereles, que son José Luis Clerch Almada y Diego de los Ríos, quien habría pedido US$ 20.000 a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), para seguir haciendo desembolsos para la construcción de pozos artesianos. De esta fundación, se encuentran procesados Pedro Martín Benítez Almirón y Patricia Zulema Báez.
El mes pasado se cumplió un año del allanamiento realizado por el fiscal Estigarribia por presuntos pagos de sobornos y otros delitos, realizado por Estigarribia junto al fiscal Luis Said.
Otra caso de coima: denunciado reconoció delito
A fines de noviembre del 2018, bajo la presidente de Horacio Manuel Torres al frente del Indert, se registró otro caso de coimas por parte del funcionario Alfredo Damián Morínigo Fretez, quien había pedido a Víctor da Silva la suma de US$ 50.000 en nombre de Torres para que se mantenga su comisión de la Secretaría Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) en el ente agrario.
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Da Silva denunció el hecho y la investigación estuvo a cargo del fiscal Rodrigo Estigarribia, quien precisó que el denunciado, Morínigo Fretez, un político colorado del distrito de Azote’y (Concepción) y resultó condenado a mediados del 2019, tras un procedimiento abreviado. Es decir, el funcionario reconoció que pidió el dinero y la veracidad de los detalles denunciados. El fiscal recalcó que Da Silva sólo fue citado para declaración testimonial.
Da Silva expresó a ABC que se desempeñaba en el cargo de coordinador de la Secretaría de la Dirección General de Asesoría Jurídica y que en la institución de origen del rubro “que me adjudiqué vía meritocracia” fue aceptado el acto administrativo de movilidad laboral, “razón por la que me había presentado a ejercer mis funciones por un mes, hasta que acontecieron los hechos en los cuales me he visto involucrado injustamente”.