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Las organizaciones civiles Somos Anticorrupción Paraguay y la Coordinadora de Abogados del Paraguay, en reunión mensual, realizada de forma virtual, con el ministro de la Corte Suprema Manuel de Jesús Ramírez Candia, enumeraron los cuestionamientos al sistema jurisdiccional y las posibles soluciones a las mencionadas objeciones.
Las quejas más comunes al sistema de justicia:
1. INHIBICIONES de los magistrados que se dan en las distintas instancias (Sala Constitucional, Penal, Tribunales de Apelaciones Penales, Juzgados Penales de Garantías), porque esta situación contribuye ostensiblemente con la mora, la cual beneficia a los procesados. Se cita como ejemplos las causas abiertas a los exministros de Corte Sindulfo Blanco, Víctor Núñez, y Miguel Óscar Bajac, y otros.
2. CRITERIOS para la sustanciación de la audiencia preliminar y juicio oral cuando los acusados son varias personas. Cuando uno de los acusados presenta una chicana, esta le favorece a los demás coprocesados con la suspensión de la audiencia, y no debería ser de ese modo si se pretende luchar contra las dilaciones.
3. PRESCRIPCIÓN Y EXTINCIÓN de los procesos penales y los problemas coyunturales de su consecuencia. Sin una política institucional para evaluar nuestra realidad jurídica, prácticamente quedarán impunes muchos expedientes vinculados con hechos punibles de corrupción pública.
4. INCONVENIENTES con las excepciones y acciones de Inconstitucionalidad contra el Auto Interlocutorio que resuelve la elevación a juicio oral de un proceso penal de corrupción pública. Dichas acciones, paralizan la prosecución de los expedientes como en el caso “Rody Adán Godoy y otros s/ lesión de confianza”, por ejemplo.
5. INCONVENIENTES con expedientes de corrupción por los planteamientos de acción o excepción de inconstitucionalidad, que en muchos casos implica el traslado de los autos principales hasta la Sala Constitucional, a pedido de dicha sala. Esta situación sirve como excusa a los magistrados inferiores para no dar trámites indispensables para la prosecución del juicio penal.
6. MEJORAMIENTO de la plataforma del Observatorio Judicial. El ministro Ramírez Candia dijo que fue enviada el planteamiento a la Sala Constitucional para buscar una solución al problema mencionado.
7. INTEGRACIÓN de los tribunales de sentencia. Se sugiere la evaluación de la metodología actual donde los tribunales de sentencia son fijos. Se propone que sea por el mecanismo de sorteos entre los magistrados para integrar cada tribunal de sentencia para cada causa.
8. INCUMPLIMIENTOS de los jueces con relación a los plazos para fijar la sustanciación de las audiencias preliminares y juicios orales.
9. SANCIÓN a los magistrados que no aplican las recomendaciones disciplinarias previstas en nuestro Código Procesal Penal y Acordadas para los abogados chicaneros.
10. LISTADOS de las resoluciones sobre prescripciones y/o extinciones dictadas por la Sala Penal desde enero de 2020 hasta octubre de 2021. El ministro Ramírez Candia afirmó que son datos públicos y que en ese sentido estará entregando a las organizaciones las copias de los informes.
11. AUDITORIAS. Se solicita la publicidad de las conclusiones de las auditorías realizadas por el Poder Judicial en los expedientes de corrupción pública.
12. RECUSACIONES contra miembros de los Tribunales de Apelación Penal. Se solicitó celeridad para el traslado y resolución por parte de la Sala Penal.
Sanciones en cuestionados casos
En la reunión virtual asimismo se expuso el proceso penal que enfrentan el exdiputado y exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez, el actual gobernador, Rubén Roussillón y su esposa Nancy Núñez de Roussillón, quienes suspendieron en 32 ocasiones su audiencia preliminar. Se reiteró el pedido de sanciones a abogados chicaneros, y a los magistrados por no aplicar las medidas disciplinarias a los responsables de las dilaciones. Sobre este punto, el ministro Ramírez Candia dijo que presentará al pleno un informe pormenorizado de los magistrados que intervienen en el expediente para evaluar la situación ante la cantidad de suspensiones.
De igual manera, se comunicó la situación del expediente del exrector Froilan Peralta y se comunicó que desde la organización social formularon un pedido de auditoria para evaluar la actuación de los miembros del tribunal de sentencia que ordenó la interrupción del juicio oral y el reenvío para integrar con los miembros suplentes el nuevo tribunal de sentencia que deberá iniciar nuevamente el juicio oral.
Otro de los puntos cuestionados y abordado en la reunión son las restricciones que imponen algunos magistrados para que la ciudadanía acceda a las audiencias preliminares y juicios orales de casos emblemáticos de corrupción pública. Ramírez Candia manifestó que mencionaría en la próxima plenaria que las mencionadas audiencias son de carácter público. María Esther Roa, titular de la Coordinadora de Abogados denunció que en varias oportunidades los guardias del Poder Judicial la quisieron sacar de las varias audiencias, alegando que son privadas.