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La condena fue impuesta por la jueza en lo laboral, Marcela Fernández, del Juzgado en lo Laboral del Tercer Turno. Se trata del juicio de Johanna Ortega, entonces candidata a la intendencia de Asunción por la “Alianza Asunción Para Todos”, contra la intendencia de la Municipalidad de Asunción, durante la administración interina de César Ojeda, a quien se solicitó información sobre fondos de emergencia utilizados durante el mandato de Óscar Nenecho Rodríguez.
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La información debía ser presentada en un plazo de diez días, pero como no se cumplió, y a pesar de que la Municipalidad presentó fuera de ese tiempo otros documentos, la información seguía siendo incompleta, por lo que el acto es calificado como desacato de una orden judicial.
Ojeda fue condenado a pagar una pena de 50 días de multas, equivalentes a G. 88.050 cada una, es decir, un total de G. 4.402.500.
Las informaciones que habían sido solicitadas fueron: 1) Detalle de los gastos incurridos, particularmente en contratación de empresas de la Municipalidad en el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 31 de diciembre de 2020; 2) Copia de contratados celebrados con las empresas privadas para la adquisición de bienes e insumos en el marco de la pandemia, así como documentos respaldatorios requeridos por la Municipalidad para la contratación de las mismas que demuestren idoneidad y solvencia; 3) Copia de las facturas de dichas empresas y la copia de los cheques o cualquier instrumento de pago utilizado para el pago de los servicios o insumos proveídos.
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César Ojeda (ANR - cartista) en aquel entonces debió informar cómo utilizó su correligionario y antecesor en el cargo, Óscar “Nenecho” Rodríguez, los G. 21.000 millones transferidos a la Comuna en el marco de la Emergencia Sanitaria por covid-19.
Recién en octubre pasado, la Municipalidad de Asunción compartió las facturas sobre los gastos efectuados por la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, en relación a los G. 21.000 millones que fueron transferidos a la Comuna en concepto de fondos COVID-19. Tras ello, se constató que el cartista adquirió “detergentes de oro” por valor unitario de más de G. 350.000, de algunos comerciales con infraestructura precaria.