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Por unanimidad el tribunal de Apelación Penal, 4ª Sala, integrada por los camaristas Arnaldo Fleitas, Gustavo Santander Dans y Pedro Mayor Martínez, confirmó la Sentencia Definitiva N° 251 del 28 de junio de 2021, por la cual fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena los “caseros de oro” Nery Franco González, Reinaldo Chaparro Penayo y Lucio Romero Caballero.
Las apelaciones en contra del fallo dictado por el tribunal de sentencia presidido por la jueza Inés Galarza e integrado por sus colegas Víctor Medina y Olga Ruiz fue presentado por las defensas de los encausados y por el fiscal Luis Piñánez, quien había solicitado que Nery Franco González y Reinaldo Chaparro sean condenados a 4 años y medio de prisión; y Lucio Romero Caballero a 4 años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta que fueron declarados culpables del hecho punible de estafa.
Piñánez argumentó que el Tribunal de Sentencia debió aplicar el artículo 70 del Código Procesal Penal, estableciendo un marco penal de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad para cada uno de los procesados, teniendo en cuenta que el delito de estafa se consumó en reiteradas ocasione. El fiscal resalta que los jueces cometieron un error al establecer que la pena podía ser de 6 meses hasta 5 años de cárcel.
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Al respecto el camarista preopinante, Arnaldo Fleitas, concluyó que el Tribunal de Sentencia “actuó con criterio lógico, conforme a la elaboración de una hipótesis. una antítesis, llegando a la conclusión final merced a una operación racional, sin descuidar el contenido ontológico del catálogo establecido en el Art. 65 del Digesto de fondo, por lo que la Sentencia en cuestión, se ajusta a derecho y debe ser confirmada”.
Agrega que en el fallo recurrido no se observan errores de juzgamiento o falsa apreciación de los hechos, o equivocada aplicación o interpretación del derecho, que ameriten modificarla, revocarla o anularla. Los demás integrantes del Tribunal de Apelación se adhirieron a este voto y confirmaron la exigua condena impuesta a los “caseros de oro” del diputado Tomás Fidelino Rivas (ANR - cartista).
Primera condena fue anulada parcialmente
El 28 de agosto de 2020 los caseros de Rivas fueron condenados por el hecho punible de estafa, por el tribunal presidido por el juez Carlos Hermosilla e integrado por sus colegas Héctor Escobar y Wilfrido Peralta.
Sin embargo, en diciembre del año pasado los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón Fernández y Óscar Rodríguez Kennedy, integrantes del tribunal de apelación cuarta sala, anularon parcialmente la sentencia argumentando que los jueces no fundamentaron por qué Chaparro Penayo fue condenado a 3 años de cárcel y los otros dos solo a dos años y seis meses, ya que era el mismo hecho.
Por este motivo se realizó un nuevo juicio con respecto a la medición de la pena y los “caseros de oro”, pero a ser declarados culpables de estafa, fueron beneficiados con una exigua pena y no irán a prisión.
Juicio oral de Rivas será en diciembre
El juicio oral y público al diputado cartista Tomás Rivas, que estaba fijado para el pasado 20 de octubre, se postergó para el lunes 13 de diciembre, a partir de las 11:00.
El inicio del juzgamiento se aplazó debido a que la defensa presentó un reposo médico del legislador colorado, quien padece de cáncer de colon. A pedido del fiscal Luis Piñánez el Tribunal de Sentencia ordenó que un médico forense del Poder Judicial constate el estado de salud del acusado.
La inspección estuvo a cargo del doctor Rodrigo Del Valle, quien informó que el parlamentario no estaba en condiciones de ponerse a disposición del Tribunal de forma presencial ni a distancia. Detalló que Rivas está con pérdida de peso, estrés emocional, alteración del sueño y estado de fatiga avanzada con decaimiento.
El profesional incluyó además en su reporte que está lúcido, pero no puede mantener conversación por largo tiempo. En consecuencia, el tribunal integrado por los jueces Héctor Capurro (presidente), Cándida Fleitas y Juan Carlos Zárate, dispuso que Rivas participe del juzgamiento por medios telemáticos, desde su vivienda, acompañado por uno de sus abogados.
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El fiscal Luis Piñánez acusa al parlamentario cartista por supuesta estafa por haber hecho figurar a sus tres caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados para percibir salarios del Estado.
Según la investigación del Ministerio Público, el diputado cartista firmó las planillas de supuestas presencias de los funcionarios Reinaldo Chaparro, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González en la Cámara Baja, cuando ellos se encontraban en la estancia del diputado en el interior del país.