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La lógica que se impone no es solo la de distribución de cupos a cada partido político sino que también pesan disputas internas y los caprichos de algunos “líderes”.
El senador liberal Víctor Ríos será posiblemente hoy en el primer político, senador en funciones, elegido ministro de la Corte Suprema, pese a la resistencia de grupos de presión y factores de poder y pese al enojo del cartismo que maniobra todo lo que puede para evitar que se concrete.
Justamente, el hecho de ser desagradable al cartismo es algo que tiene a su favor para obtener el respaldo del oficialismo colorado a su elección.
Para la designación de ministros de la Corte Suprema, la clase política sigue aplicando la “fórmula” del pacto Wasmosy-Laíno de 1995, por lo que, cuando sale un miembro de tendencia colorada o liberal, lo reemplaza alguien de su mismo signo político.
En el caso de Ríos, es evidente que el cuestionamiento de grupos de poder no se refiere a su pertenencia política sino a su inclinación ideológica “progresista”, más allá de ser afiliado del PLRA. El “establishment” vernáculo prefiere que todos los integrantes de la Corte sean conservadores.
La crítica hacia Ríos apunta a su falta de independencia en términos político-partidarios, como si el resto de los integrantes de la Corte no respondiera también a determinado grupo político o, más grave aún, a un único Patrón de un movimiento interno de la ANR.
Nadie seguramente desconoce que algunos ministros del máximo tribunal fueron puestos donde están directamente por el presidente o por un pacto de dos o tres bancadas que coincidieron transitoriamente en sus intereses.
En la Cámara de Diputados, hubo airados reclamos por el “proceso” a través del cual Ríos integró la terna, en una muestra de la suprema hipocresía de una mayoría que eligió ayer al peor defensor del pueblo que podía, con una imagen vergonzosa e impresentable dentro y fuera del país.
Quienes critican la postulación de Ríos son los mismos que pusieron a Hernán Rivas, un cuasi analfabeto jurídico, como representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con el evidente objetivo de que cumpla las órdenes que se le den.
Es decir, cuando ellos se dedican a destruir las instituciones está bien, pero si lo hacen otros, está mal. Pontificar desde la incoherencia difícilmente sea convincente para alguien.
Lo peligroso de esta situación es que para los nombramientos que hará la clase política próximamente, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y más tarde en el Ministerio Público, entre otros, se utilizará la misma “lógica”.
Nadie puede asegurar que para entonces, los enemigos de ahora no sean los aliados del momento y que sean elegidos los peores personajes, solo por su “cualidad” de obsecuentes e inescrupulosos.
Quienes están en el poder solo cuidan sus intereses. Nadie defiende ni piensa en la ciudadanía que, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo en nuestro país, deberá seguir defendiéndose como pueda y aprender a tomar buenas decisiones al momento de elegir sus autoridades.